La vida no vale nada

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Este Gobierno que ha gestionado tan mal la pandemia, que ha visto de lejos el sufrimiento de tantos mayores y tantas personas de riesgo y que ha escondido los más de 50.000 muertos; este Gobierno que no ha hecho nada por mejorar las condiciones sanitarias de las residencias de mayores; este Gobierno que se ha cargado la demanda social de millones de padres para educar a sus hijos en la escuela concertada, argumenta “la demanda social” para aprobar una ley que legalice la eutanasia en España. Y lo hace sin escuchar lo que dicen instituciones tan fundamentales como los Colegios de Médicos de España, el Comité de Bioética o la Sociedad de Medicina Paliativa entre otros.

Tendremos así el dudoso mérito de ser el cuarto país de Europa que lo regula y el noveno del mundo. En España ya existían leyes sobre la muerte digna en Madrid, Galicia, Asturias, Euskadi, Aragón, Andalucía o Baleares. La razón de la demanda social es una falacia. Los hechos demuestran que hay una pequeñísima minoría que demanda esta ley y una inmensa mayoría que exige una ley de cuidados paliativos y una vida digna incluso en situaciones extremas: vivir y morir con dignidad, sin dolor, con cuidados paliativos, en compañía de los suyos y en la medida de lo posible en su propia casa. La excepcionalidad no puede ser la norma. Y si un Gobierno tienen que atender la demanda social, parece razonable que lo haga primero con los que quieren vivir y morir con dignidad.

Ni el abandono, tan frecuente para con los mayores, ni la obstinación terapéutica ni la eutanasia son la solución. Sí lo son los cuidados paliativos. Una Ley de eutanasia es el reconocimiento de un fracaso colectivo. Hay muchos profesionales médicos y del Derecho que opinan que esta ley subvierte el mandato constitucional de defensa de la vida, viola el derecho a la vida, el de la protección de la salud, daña el principio de igualdad y pone en grave riesgo no solo a los más mayores sino también a los que sufren discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, es decir a la población más vulnerable. Y avanza en la creación de una conciencia colectiva de que en determinadas situaciones no merece la pena vivir. ¿Por qué no ese “derecho” por razones de soledad o financieras y no solo de salud? ¿Por qué no a cualquier edad? ¿O sin requisitos?

Holanda, el primer país que legalizó la eutanasia, la permite ya ¡para mayores de 12 años! Se entra en un camino altamente peligroso. No existe el derecho a morir, pero sí el derecho a no sufrir, a vivir con dignidad. No se puede elegir entre morir con sufrimiento o a manos de los médicos. La sociedad y el Estado tienen que dar otras soluciones y otras respuestas que no sean, como ha dicho, José María Gil Tamayo, crear “corredores de la muerte legalizados”. La eutanasia ni es un derecho ni es progreso. Es un terrible fracaso social. 

La vida no vale nada