Acaba de entrar en vigor una de las leyes más ignominiosas de la democracia. La ley que impone sanciones al ejercicio pacífico de los derechos de reunión y manifestación, la que pretende blindar a las autoridades públicas frente a políticas de claro contenido antisocial y de autoprotección de sus status privilegiados.
La ley que prohíbe manifestarse ante el Congreso o el Senado, incluso cuando no están en periodo de sesiones, como si hacerlo frente a esas instituciones no fuese, precisamente, lo que cabe esperar de un pueblo libre, como ocurre por ejemplo en los EEUU donde simbólicas y legendarias manifestaciones por los derechos civiles se produjeron ante el Congreso o la Casa Blanca.  O se prohíbe fotografiar a policías en manifestaciones o actuaciones en que pudieran extralimitarse en sus funciones bajo la falsa excusa de su seguridad, como si ir con pasamontañas y casco no fuera bastante garantía de anonimato para los agentes.
Y tales sanciones, además, se proponen en cuantías desmesuradas. Un mérito más para el rechazo a las políticas de Rajoy.