Resulta contradictoria la diferente situación que se produce entre un vecino de Eirís que será desalojado de su casa ruinosa y los okupas del edificio de A Silva. El primero no tiene a dónde ir después de que se demoliera de forma irregular parte de su domicilio y que la empresa que lo hizo fuera condenada a reparar el daño, algo que, por supuesto no hizo. Por ello, este hombre pide la ayuda de los servicios sociales. Mientras, los segundos entran por la fuerza en una propiedad privada y parece que nadie puede sacarlos de ahí. No son, desde luego, situaciones equiparables, pero si ilustran lo injusta que en ocasiones pueden llegar a resultar las leyes y las normativas.
