VIGILANTES

Temblad, malhechores. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Uno en cada esquina, en realidad. Con una placa en el pecho que lo identifica como autoridad y un distintivo de tela con el nombre de su empresa cosido en la manga. Con potestad para retener a los sospechosos de tener cierto gusto por lo ajeno. Una suerte de aprendices de policía sin pasar por la academia. La evolución de la vigilancia privada, que ahora pisa con fuerza en la vía pública. De los polígonos industriales a las zonas comerciales por la gracia del Ministerio del Interior.
Que conste que se agradece el esfuerzo por crear empleo. Es refrescante encontrar una iniciativa gubernamental que anime a firmar contratos en lugar de cartas de despido. Lo que no termina de convencer es que sea a costa de hacer que perdamos la sensación de libertad. Lo que en un párking oscuro puede ser una bendición –ver los faros del coche del vigilante haciendo la ronda y respirar aliviado es todo uno– resulta crispante cuando se está de paseo. La idea de unos ojos escudriñándote en busca de indicios criminales resulta de lo más desagradable. Un examen permanente en el que si fallas te enfrentas a la vergüenza del “¿puede abrir la bolsa?” y unas cuantas cabezas giradas hacia esa antorcha encendida en la que se convierte tu cara. “No me mire así, señora, usted puede ser la próxima”, pensarías, presa de la indignación.
En ese momento te encantaría poder pedirle al del uniforme su número de placa, como si estuvieses en una película, para presentar una denuncia. Pero lo más probable es que te alejases lo más rápido posible, la bolsa ridículamente aferrada, cabizabaja y rumiando la rabia entre dientes mientras jurabas no volver a pisar esa calle. Y nadie te quitaría la idea de que formas parte de un negocio en el que las molestias se premian con incentivos.
Seguridad y control son conceptos diferentes. De la primera se encargan la Policía y la Guardia Civil. Al segundo nos resistimos como gatos panza arriba. De nuevo, una posibilidad de hacer algo positivo, aclarar las funciones de un sector que emplea a 90.000 personas y amparar su labor por ley, se vuelve un motivo de sospecha.
Ampliar las funciones de los vigilantes privados al tiempo que desaparecen las plazas de los públicos parece un paso hacia la privatización.
Y llenar las ciudades de pseudoagentes, un salto hacia esa forma de gobierno que no queremos ni nombrar.