Llamados a entenderse

Ha dicho el ministro De la Serna que por una serie de circunstancias sobrevenidas el Gobierno no tiene capacidad legislativa ante el aluvión de licencias  que vía Tribunales se está produciendo para operar en el ámbito de vehículos de alquiler con conductor (VTC) y que tiene en pie de guerra a los profesionales del taxi clásico.
Muy seguramente  no le falta razón al inexpresivo titular de Fomento. Pero en lo que el Ejecutivo sí tiene plenos poderes de intervención es no tanto para abortar cuanto para paliar que un conflicto de cualquier naturaleza, por muy crispado  que se presente, derive en un grave deterioro del orden público y en perjuicio manifiesto del ciudadano al que se le impide el normal desarrollo de sus actividades ordinarias.  
Y es en lo que se ha vuelto a fallar. Por falta de actuación preventiva o por haber llegado  tarde. Sucedió un poco igual en la jornada de huelga  de comienzos de octubre en Barcelona. Por lo que se ve, aquí el que quiere se manifiesta como quiere, sin mayores problemas.
Según datos oficiales, cuatro mil taxistas colapsaron Madrid el miércoles pasado durante una buena parte del día. Primero, muy de madrugada, en los accesos a la ciudad y después en pleno centro hasta bastante más allá del horario autorizado para la concentración. Miles de ciudadanos quedaron en la estacada.
No en todas las ciudades –en las gallegas, sin ir más lejos-  se produjeron incidentes virulentos como los registrados en las grandes capitales. Pero no han faltado opiniones en el sentido de que la jornada de huelga del taxi constituyó un error de las asociaciones convocantes. Entre otras razones, porque los ciudadanos cada vez aceptan en menor medida el recurso a la violencia y/o la paralización de servicios públicos  esenciales como método para resolver diferencias económicas o regulatorias que deben abordarse en mesas de negociación.
Con su proceder, un buen número del colectivo del taxi está contribuyendo - se insiste- a que el sector pierda la parte de la razón que le asiste.
Porque, como en todo conflicto, una parte de fundamento sí tiene. Es la sexta o séptima vez que a escala nacional se moviliza. Y es que con la presencia  de servicios como el que prestan las nuevas plataformas VTC  –las célebres Uber y Cabifay, entre otras-, da la impresión que el sector todo está un poco fuera de control y que éstas están operando muy por encima del límite legal para ellas establecido.
 El mundo del taxi clásico, pues, lo que reclama es que se ponga un poco de orden y mayor supervisión  para no salir manifiestamente perdiendo ante la imparable  competencia que le desborda. En el fondo es consciente de que dichos nuevos servicios cuentan con el favor ciudadano, que han llegado para quedarse y que  unos y otros están condenados a entenderse.

Llamados a entenderse

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