Un hueco por llenar

No termino de explicarme por qué a la izquierda en general y al Partido Socialista muy en particular le solivianta tanto cualquier iniciativa a favor de la vida. Si recuerdo bien, no fue pequeña la gresca que montaron en el primer pleno ordinario del Parlamento gallego, en la anterior legislatura, a propósito de una iniciativa legislativa popular sobre apoyo a la mujer embarazada. Y lo  estamos comprobando de nuevo estos días a raíz  de la nueva regulación del aborto que pretende el Gobierno.
Sobra decir que se puede estar –claro- en contra del texto inicialmente presentado. Pero lo que no se entiende nada bien es la catarata de descalificaciones que hasta a agotar del diccionario vienen vertiendo sobre quienes, con la misma legitimidad, mantienen posiciones alternativas. Tal vez sea por aquello de la intolerancia de quienes se dicen tolerantes. O por el absolutismo de quien se predican relativistas.   
Sobre el contenido de la reforma se ha dicho ya prácticamente todo. La polémica, por lo que estamos viendo, se está centrando en el llamado aborto eugenésico para casos de fetos con taras físicas o psíquicas compatibles con la vida; un supuesto  que como tal desaparece.
El ministro Gallardón ha dicho y dicho bien que  se atiende así a una recomendación de las Naciones Unidas. En concreto, de la Convención sobre los derechos der las personas con discapacidad, vinculante para los casi ciento veinte países que hasta ahora la han ratificado, entre ellos, España.
Conocido es, por otra parte, el abuso que ha venido haciendo de este supuesto. Somos muchos los que creemos –es un ejemplo- que un niño con síndrome de Down no puede ser condenado a no vivir, si bien  los datos demuestran que el 80-90 por ciento de los fetos que hoy presentan esta deficiencia no llega a ver la luz.
Y aquí es donde al Gobierno  le ha faltado –creo- dar un paso más.  Le ha faltado la articulación,  como complemento de la propia ley, de toda una política específica de ayudas para este y otros colectivos de discapacitados; para sus familias y para las instituciones que de ellos cuidan.  Porque hay familias que por razones de muy diversa índole no pueden manejar tales situaciones. Porque hay padres que ven con angustia el futuro de esos hijos cuando ellos hayan muerto. Y porque hay instituciones que a duras penas hoy prestan su servicio con las menguadas y menguantes aportaciones de la ley de Dependencia.
Si el  Gobierno cree de verdad aunque sólo sea eso de que el concebido y no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución, ha de amparar en mayor medida a los colectivos de discapacitados, víctimas señaladas de las prácticas abortivas. Aún está a tiempo de cubrir el hueco.