Si mala es la facilidad con que el Gobierno de la nación se mete en charcos inoportunos, peor resulta la forma en que a base de balbuceos pretende salir de ellos. Pienso yo, no obstante, que lo ideal sería presentar ya muy perfiladas las propuestas  que  se ven  venir como más que polémicas para de esa forma evitar malentendidos o resúmenes torcidos, simplistas e interesados.  
Y luego, claro, hay que saberlas defender ante la opinión pública. Lo que no cabe es dar la sensación de que lo que pueden ser precisiones complementarias aparezcan como rectificación y marcha atrás. Los globos sonda hoy no valen.
Es lo sucedido con el avance  realizado por el  ministro Catalá sobre la conveniencia de efectuar una reflexión compartida con todos los agentes implicados en torno a la información que se hace llegar a la opinión pública concerniente a las personas que son parte de un proceso penal. Un poco alambicado todo ello, pero así se expresó el titular de Justicia.
O planteado de forma más clara: dónde poner la responsabilidad de las filtraciones de sumarios que están destrozando el principio constitucional de la presunción de inocencia: ¿sólo en quienes filtran o también en los medios que lo difunden, con traslado incluso de una eventual sanción a éstos?
La polvareda suscitada ha sido enorme. Y no pocas, las peregrinas afirmaciones que se han oído estos días.
Lo hago notar porque parece mentira que a estas alturas haya que seguir recordando que la libertad de expresión no es absoluta y que la protección especial de  que goza este derecho en nuestro ordenamiento jurídico puede decaer, sin embargo, cuando la información no cumple el requisito de veracidad o cuando, aun cumpliéndolo, entra en conflicto con otros derechos. La jurisprudencia al respecto es enorme. Y también parece mentira que se diga que el periodista tiene la obligación de transmitir lo que sabe. Como si su función se redujese a servir de portamicrófonos.  
Detrás de estas, como digo, peregrinas afirmaciones hay también un error de partida. Es la idea generalizada de que el levantamiento del secreto de un sumario supone  vía libre para destripar en los medios actuaciones en fase de instrucción. Y es que, si no me equivoco, en el proceso penal el  levantamiento sólo tiene efectos para las partes implicadas y para terceros personados en la causa. No para los medios ni para el público en general, que han de esperar al juicio oral, donde la regla es ya la publicidad de las actuaciones.
Por cierto: en su polémica propuesta el ministro Catalá hacía referencia a una directiva europea para reforzar el derecho a la presunción de inocencia. Resulta curioso que la profesión periodística no haya ni preguntado por ella.