Lo pactado obliga

“Pacta sunt servanda”. Lo recuerda el aforismo clásico: lo pactado, obliga. En Murcia, el PP pactó con Ciudadanos una línea roja: la separación inmediata de sus cargos de aquellos políticos implicados en casos de corrupción así que los investigados fueran llamados por algún tribunal. La citación por parte del Tribunal Superior a Pedro Antonio Sánchez, presidente de aquella comunidad, pone a prueba la virtualidad del pacto. Doblemente a prueba porque fue el propio presidente de Murcia quien dio una vuelta de tuerca al acuerdo cuando hace unos días afirmó que caso de ser imputado, dimitiría. Desde Madrid sus correligionarios interpretan el pacto diciendo que la línea roja que marcaría la dimisión es la apertura de juicio oral, no la imputación. Suena a música conocida y muy reiterada en las altas esferas del PP.
Es un nuevo escalón en la escalera judicial que, salvando las distancias, recuerda casos similares: Bárcenas, Ana Mato, Barberá, etc. Casos en los que los dirigentes populares en un primer momento salieron a defender a quienes, poco después, dejaron abandonados. Al presidente de Murcia le asiste la presunción de inocencia, pero ha sido él quien al firmar el pacto trazó una raya que estrecha el margen de protección que otorga este principio, puesto que los firmantes se comprometieron a que cualquier cargo imputados por corrupción política debería ser separado hasta la resolución del procedimiento judicial. Por eso, Juan Carlos Girauta, el portavoz en el Congreso de Ciudadanos, ha pedido la dimisión “ipso facto” de Pedro Antonio Sánchez. Lo pactado, obliga.