El pavoroso horizonte judicial del Gobierno

os nubarrones judiciales se ciernen sobre una parte del Gobierno, que tendrá que afrontar probablemente centenares de demandas y querellas a raíz de sus actuaciones en los últimos meses, no siempre, aunque sí muy frecuentemente, derivadas de su actividad e inactividad en la pandemia.
La destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid es un nuevo hito en el epicentro de un volcán relacionado con la manifestación del día de la Mujer. El coronel, por orden de la juez Carmen Rodríguez Medel, no entregó al Ministerio de Interior el informe que la Benemérita realizaba sobre si el Gobierno conocía o no los riesgos de autorizar esa manifestación cuando ya el coronavirus se adueñaba de las calles. Y esa no entrega motivó, por “pérdida de confianza”, el cese de Pérez de los Cobos, ordenado por Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior.
Tras el 8-M se hallan decenas de demandas y querellas presumiendo que el Ejecutivo permitió las manifestaciones masivas tras haber sido advertido del riesgo que se corría. Cierto que la mayor parte de esas acciones ante la Justicia acabará en nada, porque resulta –la propia juez lo ha dicho– imposible establecer una conexión directa entre aquella manifestación y los contagios que proliferaron durante los meses de marzo y abril. Pero el lío político, que afecta al delegado del Gobierno en Madrid y jefe del PSOE madrileño, José Manuel Franco, al portavoz de Sanidad, el archifamoso Fernando Simón, y al propio ministro, Salvador Illa, ya está acaparando las portadas de los periódicos, y eso que no ha hecho más que empezar el recorrido ante distintas instancias judiciales.
Sumen a esto las complicaciones judiciales de otros miembros del Ejecutivo, como el propio vicepresidente Pablo Iglesias, quien podría ser acusado de dos delitos nada menos que por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a cuenta del ya célebre y pringoso caso de la ‘tarjeta telefónica’ de su exasesora Dina Bousselham, y tendremos una parte de la ‘panorámica de banquillo’ a la que se enfrentan el Gobierno y sus círculos más próximos.
Va a ser este un ‘otoño judicial caliente’, porque no van a ser las dos mencionadas las únicas reclamaciones a las que, obviamente, tendrá que hacer frente el Ejecutivo. Sin contar, por otro lado, con algunas complicadas acciones judiciales y fiscales dirigidas contra el anterior jefe del Estado y sus cuentas en el extranjero. Y, al margen de ello, las decenas de miles de reclamaciones y demandas entre particulares, en los juzgados de Familia, en las Magistraturas de Trabajo... El colapso es inminente y las tímidas medidas anunciadas por Justicia no van a poder evitarlo.
Algunas fuentes judiciales añaden un elemento inquietante más, por si no hubiese ya suficientes: la creciente sensación de que se difumina la separación de poderes, un ejemplo de lo cual podría ser la acción del ministro del Interior contra el jefe de la Guardia Civil de Madrid, figura por lo demás polémica por su gestión de la crisis en Cataluña el 1 de octubre de 2017. 
Resulta evidente que ahora determinados cambios que parecen cada día más necesarios en el elenco ministerial se dificultan ante esta previsible avalancha de reclamaciones ante la Justicia: nadie quiere perder la condición de aforado. Una situación esta, contemplada así, en términos generales, que obviamente ha de gustar muy poco a otro sector del Gobierno, representado, por ejemplo, en la ministra de Defensa, magistrada de rectitud e inflexibilidad bien conocidas.

El pavoroso horizonte judicial del Gobierno

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