A Coruña es la ciudad gallega con más okupaciones, según asegura el Partido Popular

Desalojo de una vivienda de okupas en la calle Doctor Fleming/AEC
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La portavoz municipal en A Coruña, Rosa Gallego, ha lamentado este viernes que A Coruña es la ciudad gallega que aglutina un mayor número de denuncias por ocupaciones ilegales, con "cinco al mes" en 2020, según la Federación de Asociación de Empresas Inmobiliarias.

Así lo ha indicado Gallego en una rueda de prensa junto a la diputada del Partido Popular Tristana Moraleja, en la que han presentado algunos de los puntos de la proposición de ley del PP contra la ocupación ilegal que se debatirá el próximo martes en el Congreso.

En su intervención, Rosa Gallego ha asegurado que "es un problema creciente en la ciudad" y ha enfatizado que "no solamente ataca el derecho a la propiedad privada, sino que además altera gravemente la convivencia vecinal y pone en riesgo la seguridad y la integridad de las personas".

Así, ha apuntado que en 2020 se incrementaron las denuncias por ocupación ilegal de viviendas en Galicia un 34 % respecto a 2019 y "la mitad están en la provincia de A Coruña".

Para luchar contra ello, la portavoz del PP en María Pita ha defendido la "oportunidad" de cambiar la ley en el Congreso y también ha apostado por medidas locales como la recuperación de la policía de barrio, ya que es "un elemento disuasorio".

Por su parte, Tristana Moraleja ha sostenido que los objetivos de su partido son "proteger la propiedad privada" y velar por la "convivencia vecinal", algo que consideran "urgente" ante los "cuarenta casos diarios" de ocupaciones ilegales en España.

Para ello, ha destacado varios puntos de la proposición de ley: un máximo de 48 horas para desalojar un inmueble tras la okupación, la recuperación de penas de prisión de uno a tres años o la penalización expresa de mafias que se lucren alquilando viviendas ocupadas.

También contempla la prohibición de que los okupas se puedan empadronar, la posibilidad de que las comunidades de propietarios puedan solicitar el desalojo de una vivienda y de que las personas jurídicas puedan iniciar procedimientos de desalojo.

"Por encima de estos puntos, tiene especial atención con las personas vulnerables porque una persona vulnerable no es un okupa, es una persona que necesita una solución de los servicios sociales", ha subrayado la diputada.

También ha cargado contra el Gobierno al asegurar que "Podemos defiende tres formas de acceder a la vivienda: el alquiler, la compra y la ocupación ilegal" y ha censurado que "el PSOE se queda de brazos cruzados" mientras su socio "intenta despenalizar" este ilícito. 

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