10º-19º
jueves | 18 abril | 2024
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 admitió ayer a trámite el recurso de la Marea Atlántica sobre el nombramiento de la exedil de Ciudadanos Mónica Martínez como concejala de Deportes. El órgano judicial ordena a la Alcaldía una respuesta sobre el acto impugnado en el plazo de veinte días. La Marea había presentado este recurso contra el decreto de la alcaldesa, Inés Rey, que su vez había desestimado el recurso de reposición presentado previamente por el nombramiento de la concejala, a la que consideran “tránsfuga”.
El 2019 fue un año pasado muy convulso a nivel político en María Pita, en el que se pusieron de manifiesto las tensiones dentro de la Corporación municipal. Conviene recordar que, la alcaldesa, Inés Rey, gobierna en minoría, con nueve ediles socialistas (incluida ella misma), frente a una oposición que, al comenzar el mandato, estaba compuesta por nueve concejales del PP, seis de la Marea Atlántica, y dos del BNG, además de una única concejala de Ciudadanos, Mónica Martínez.
En junio de 2020, Martínez se dio de baja de Ciudadanos, a pesar de las protestas de este partido de que debía abandonar su cargo. En ese mismo momento, la Marea pasaba una crisis interna entre continuistas y reformistas a raíz de su derrota en las autonómicas, que en A Coruña se zanjó con la salida del edil Xiao Varela (concejal de Urbanismo el mandato pasado).
Mientras tanto, Martínez dejó pasar unos meses y se incorporó al Gobierno local socialista en septiembre aunque continúa adherida al Grupo Mixto del pleno. Esto propició que el 1 de octubre la Marea presentase un recurso de reposición en el Ayuntamiento y exigiese el cese de la edil.
El uno de diciembre la alcaldía desestimó el mencionado recurso en una resolución en la que argumenta que la ex de Ciudadanos “en ningún caso desarrolló actividad alguna que pueda ser incluida en los supuestos legales de transfuguismo”. Ese mismo mes, la Marea perdía uno de sus concejales en favor de Podemos, partido que le había prestado su apoyo en las elecciones y tomaba posesión de su cargo Isabel Faraldo, de Podemos, también en el Grupo Mixto.
Acuerdos invalidados
A todo esto, desde el Ayuntamiento guardan silencio. Cuenta con un informe de sus servicios jurídicos que les hace confiar en que el recurso no llegará a ninguna parte. De parecida manera reacciona la propia interesada, Mónica Martínez, que siempre ha intentado esquivar la polémica.
Por su parte, la Marea se aferra a un fallo del Tribunal Supremo de octubre que fija que la condición de no adscrita de una concejala “impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercían o percibían y supongan mejoras personales, políticas o económicas”. Ahora que la pandemia restringe las intervenciones públicas al mínimo, los desencuentros entre ambas formaciones, que firmaron un pacto de gobernabilidad, se escenifican sobre todo en los plenos.
