La Xunta apuesta por que el Consejo del Puerto cree el organismo para urbanizar los muelles

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado | quintana
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En las últimas semanas, el goteo de noticias sobre la urbanización de los terrenos portuarios ha sido constante, tanto por la Autoridad Portuaria como por el Ayuntamiento, pero fue ayer cuando el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, hizo públicos algunos de los planteamientos de la mano del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Estos pasan por la reedición de los convenios de 2018, y la formación de una “delegación especial del Consejo de Administración del Puerto” con la misión de crear un ente público encargado de llevar a cabo estos planes.


Prado y Feijóo realizaron este anuncio pocos días después de que el Ayuntamiento hiciera pública su intención de convocar a todos los organismos involucrados en el Puerto (Autoridad Portuaria, Xunta, Puertos del Estado y el propio Ayuntamiento) el día 23 en una mesa donde debatir su futuro. En María Pita siempre han buscado ser un actor principal en un asunto tan importante para la ciudad y criticado los convenios de 2018 por ser un acuerdo que se realizó a espaldas del Gobierno municipal, en ese momento en manos de la Marea Atlántica.


Sin embargo, ayer Prado salió en defensa de este convenio y recordó que la Xunta ha sido “la primera y única administración” que se comprometió a aportar dinero (unos 20 millones de euros) para garantizar que parte del terreno portuario de los muelles de Batería y Calvo Sotelo siguieran siendo públicos. “Es importante y es de agradecer”, insistió. Pero la transformación de la fachada marítima pasa por poner de acuerdo a todas las administraciones que están representadas en el consejo del Puerto (Autoridad Portuaria, Fomento, Puertos del Estado, Xunta y ayuntamientos Coruña y Arteixo).


Reflexión lenta

Prado recordó un punto importante: que no es lo mismo la zona 1, compuesta por los muelles de Batería y Calvo Sotelo, que la zona 2, donde se incluye San Diego. “Creemos que es importante dividir el problema: en el caso de Bateria y Calvo Sotelo, que está quedando libre y que en 2022 dejará de tener actividad industrial, y otra realidad, la de San Diego, que merece una reflexión más lenta”. No hay que olvidar que San Diego acumula la gran mayoría del tráfico pesado del Puerto, incluido el petroquímico o de graneles, que ya estarían en Punta Langosteira de no ser por la consabida conexión ferroviaria, pendiente de construirse. 


El nuevo ente público, probablemente un consorcio, sería el encargado de darle nueva forma a los muelles, abrirlos a la ciudad, pero Prado no ocultó sus prioridades, que pasan por sanear las cuentas de la Autoridad Portuaria, lastradas por la deuda millonaria del Puerto Exterior: “Aunque tenemos una voluntad clara de que los terrenos que no se utilicen sean usados por los ciudadanos para nosotros es evidente que es clave dar sostenibilidad económica al puerto”.


Hoja de ruta asumible

Prado señaló que llevan “muchas reuniones con muchas administraciones” para elaborar una “hoja de ruta que consideramos asumible”, cuyo primer paso sería la creación inmediata de esa delegación del consejo para crear el consorcio. Esta delegación especial tendría dos niveles: uno directiva y otro técnico. En ambos estarían representadas las cuatro administraciones y se funcionaría tratando de conseguir la unanimidad.


“Pero con unas premisas claras: que hay que garantizar la solvencia económica del Puerto y que no se puede menoscabar la actividad portuaria”, advirtió Prado, refiriéndose al tráfico de cruceros, porque la normativa internacional obliga a medidas de seguridad extraordinarias, como el cierre de un muelle al público 24 horas antes del atraque del buque. “Por eso creemos que es importante que la Autoridad Portuaria coordine el grupo”, añadió.


El Puerto ya había expresado estas reservas el mes pasado, cuando el Ayuntamiento había avanzado ya su intención de abrir al transporte público el puerto, sobre todo a la altura de Linares Rivas, e incluso de crear un aparcamiento público para los vecinos de la zona. El Puerto cuenta con que, dado que la pandemia ha interrumpido la llegada de cruceros, se podrá abrir el público el muelle de Batería en verano, e incluso celebrar allí algunas actividades divulgativas.


Por su parte, la alcaldesa, Inés Rey, valoró el cambio de postura de la Autoridad Portuaria. “Todas as reunións son positivas e a vontade das administracións vai por esa liña: a de intentar poñer sobre a mesa os puntos en común para traballarmos pouco a pouco as diferenzas pensando no futuro da cidade”, aseguró.


Sobre si se trata de regresar al punto de 2018, siguiendo la letra de ese convenio, el presidente de la Xunta se mostró flexible. “No nos importa hacer un nuevo convenio para dar forma a lo ya prometido”, comentaba Feijóo. Pero los convenios de 2018 permitirían acabar Punta Langosteira, a la que le falta la conexión ferroviaria, y este es uno de los puertos claves para la planificación europea.


En cuanto a la delegación especial, Prado apuntó que cualquier medida que afecte al Puerto debe empezar desde su Consejo de Administración. “Cualquier medida tiene que pasar por allí porque es el propietario del puerto y arranca de él, y como estamos todos en el consejo, hagámoslo ya” De este protocolo harán circular un borrador estas semanas, pero Prado entiende que incluye todas las ideas que le han participado.


Un año de plazo

Hay que recordar que la Xunta es la administración con más presencia en el consejo, con un tercio de los asientos y a juicio de Feijóo, los planes para abrir Calvo Sotelo en 2022 ponen ya encima de la mesa proyectos, plazos y un calendario. “Nos queda un año para planificar qué vamos a hacer con Calvo Sotelo y Batería y de momento vamos a empezar con aperturas concretas de la valla que separa el puerto de la ciudad”.


Feijóo considera compatible la seguridad del puerto con el acceso al público porque, como recalcó, “no todos los días hay cruceros y tenemos que garantizar esos protocolos internacionales de seguridad”. Así que, para el presidente de la Xunta, se trata de que lo excepcional no se imponga sobre lo normal, “y lo normal es que los ciudadanos de A Coruña puedan disfrutar del puerto”.


Se trata de reconciliar ambos espacios y permitir al ciudadano pasear por los muelles, que esa valla, que a veces es imprescindible, pueda abrirse de vez en cuando. Prado señala que tendrán que implementarse los mecanismos “a cortísimo plazo” para presentarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que son los responsables últimos de aprobar y gestionar el plan, pensados solo para los días sin actividad portuaria.


En estas medidas, se incluirá alguna obra de seguridad menor para reabrir por fin los muelles a la ciudadanía 

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