Nicolás Maduro declara el estado de emergencia económica en Venezuela

Venezuela's President Nicolas Maduro speaks next to an image of South American revolutionary hero Simon Bolivar, during a meeting with ministers at the Miraflores Palace in Caracas, in this handout photo provided by Miraflores Palace on January 14, 2016.
|

El Gobierno de Nicolás Maduro declaró ayer el “estado de emergencia económica” en Venezuela para enfrentar la “guerra económica” que supuestamente sufre el país caribeño orquestada desde sectores de la derecha nacional e internacional.
La Gaceta Oficial publicó el decreto 2.184 por el cual el Palacio de Miraflores declara el “estado de emergencia económica” en todo el territorio venezolano durante 60 días para contrarrestar “una verdadera guerra económica”. El vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas, dio una rueda de prensa en la que explicó que gracias a este decreto el Gobierno podrá disponer discrecionalmente del presupuesto general para paliar la crisis económica.
Salas destacó que el Ejecutivo podrá dictar medidas especiales para diseñar políticas estratégicas que permitan reformular la estructura productiva y financiera de Venezuela. A corto plazo, Salas indicó que Miraflores adoptará medidas de urgencia para luchar contra el desabastecimiento de productos básicos como, por ejemplo, acelerar el transporte de mercancías en puertos y aeropuertos.

plan internacional
Maduro ha denunciado desde su llegada al poder, en 2013, la existencia de un plan internacional para asfixiar económicamente a Venezuela y provocar así la caída de su Gobierno.
Venezuela sufre desde hace años una crisis económica, agravada por la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, que ha vaciado de bienes de primera necesidad los supermercados y ha disparado la inflación. El estado de “emergencia económica” se ampara en el artículo 338 de la Constitución venezolana, según el cual “podrá decretarse cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente a la vida económica de la nación”.
Como todos los estados de excepción, durante su vigencia “podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en la Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás Derechos Humanos intangibles”. La declaratoria estará vigente 60 días –contados desde ayer–, prorrogables por otros tantos. La Asamblea Nacional tendrá que dar su visto bueno en los próximos siete días y el Tribunal Supremo de Justicia tendrá que “pronunciarse sobre su constitucionalidad”.
Este trámite podría dar lugar a una nueva crisis institucional si el Parlamento, ahora controlado por la Mesa de Unidad Democrática, se niega a aprobar el decreto. La Asamblea Nacional ya ha mantenido un enfrentamiento con el Supremo por la elección de tres diputados opositores. 
Por otro lado, las autoridades venezolanas aplazaron por tercera vez la audiencia judicial prevista para ayer contra el ex candidato presidencial Manuel Rosales por supuesta malversación de fondos públicos, según denunció la oposición.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, difundió una fotografía a través de Twitter de un cartel pegado en una puerta del Tribunal 19 de Control de Caracas en el que puede leerse “no hay despacho”.
“Esta es la cara de la justicia en Venezuela. Diferida por tercera vez la audiencia preliminar de Manuel Rosales”, lamentó Márquez en la misma red social.

Nicolás Maduro declara el estado de emergencia económica en Venezuela