El Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, considera incompatible tanto con la legislación española como la comunitaria la condonación de la deuda que ha supuesto la construcción del Puerto Exterior de punta Langosteira.

La presidenta de la entidad estatal, Ornella Chacón, y el la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, revisaron las principales cuestiones que afectan a esta última.

Segun fuentes gubernamentales, Losada le transmitió que la construcción del puerto exterior de Punta Langosteira se inició en 2005 con un esquema financiero vinculado desde ese momento a la obtención de recursos mediante la desafectación de terrenos en el puerto interior, que serían vendidos para especulación urbanística.

Con esta previsión se trabajó hasta la fecha en las programaciones económicas acordadas entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria, si bien ambos responsables se comprometieron a analizar si, en el momento actual, la enajenación de activos debe continuar siendo la garantía o, si por el contrario, resulta necesario encontrar nuevas fórmulas que garanticen la viabilidad de la Autoridad Portuaria.
Chacón recordó que la condonación de la deuda no es compatible ni con la ley estatal ni con la normativa europea, lo que no impide que se articulen otras medidas alternativas que garanticen la sostenibilidad económica de la Autoridad Portuaria.

Titularidad pública 
Losada presentó algunas alternativas que deberían ser valoradas por diversas administraciones del Estado y recordó el compromiso de la Xunta para mantener la titularidad pública de la Solana y los muelles de Batería y Calvo Sotelo.

La presidenta de Puertos del Estado se comprometió a solicitar una reunión con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para impulsar la conexión ferroviaria a las instalaciones de punta Langosteira y procurar que la obra no suponga una nueva carga financiera para la Autoridad Portuaria.
Cabe recordar que la reclamación de la condonación de la deuda se realizó desde diversos colectivos, tanto políticos como sociales, después de que el Gobierno anunciase que se iba a eximir al Puerto de Valencia del abono de 350 millones de euros.

Esta decisión provocó indignación en A Coruña, especialmente en los grupos políticos de la Marea, BNG y PP; mientras que los concejales socialistas aseguraban que se trataba de cuestiones muy distintas.