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viernes | 19 abril | 2024
El Pacto de Toledo busca el máximo consenso para que hoy se pueda aprobar sin votos en contra el “Informe de evaluación y reforma del sistema de pensiones” que ahonda en la separación de fuentes de financiación para acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023.
Después de que los portavoces parlamentarios de la Comisión del Pacto de Toledo hayan decidido cerrar definitivamente las 21 recomendaciones tras cuatro años de debates, mañana los diputados debatirán un texto que representa las líneas básicas de este acuerdo.
Todos los partidos políticos consensuaron un texto que de momento parece no tener votos en contra, aunque sí se apuntan algunas abstenciones como las de ERC o Bildu, a las que les parece insuficiente.
El PP, por su parte, avanzó el viernes pasado que su apoyo depende de que se tengan en consideración ciertos aspectos fundamentales, como que el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos sea pactado en la Mesa de Diálogo Social, entre Gobierno, patronal y sindicatos.
Otra incógnita es la posición que tendrá Vox, aunque algunas fuentes parlamentarias señalan que tras el fracaso de la moción de censura presentada por su formación se hace complicado desmarcarse con un voto negativo.
El texto que se eleva hoy a la Comisión del Pacto de Toledo recomienda que el Estado financie vía presupuestos o con transferencias directas los gastos impropios del sistema de la Seguridad Social, como bonificaciones, reducciones de cuotas derivadas de ayudas a determinados sectores productivos, o prestaciones por desempleo.
Separación progresiva
La separación de fuentes incide el texto, debe hacerse de forma progresiva a través de un calendario que finalizaría en 2023 y para ello sería necesario modificar el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social.
Ayudas a la familia, por hijo a cargo o dependientes, o como maternidad o paternidad, serían abonadas por el Estado que también contribuiría a financiar los déficit de los regímenes especiales, los complementos a mínimos de pensión y los incrementos en la base reguladora de la pensión que perciben las personas viudas con menos recursos o mayores de 65 años sin trabajo ni rentas.
Otro aspecto que destaca es que para resolver los problemas de contabilidad derivados de los préstamos del Estado, el Pacto de Toledo propone compensarlos con el traspaso de su patrimonio e inmuebles a las administraciones afectadas para que se hagan cargo de la gestión, si les resulta conveniente.
Los portavoces parlamentarios no solo debatirán este dictamen sino que también se referirán en sentido amplio a las 21 recomendaciones que fueron cerradas y entre las que destacan la vuelta la revalorización de las pensiones con el IPC real, la posibilidad de elegir los años más favorables en el cálculo de la pensión para no perjudicar carreras laborales con periodos de desempleo y de precariedad.
En este sentido, el Pacto de Toledo da al Gobierno tres meses para que plantee una respuesta a las jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores provoca insequidad. Otras recomendaciones van dirigidas a garantizar las prestaciones de viudedad a las parejas que no cuentan con vínculos matrimoniales.
