La medida fue dispuesta por un decreto de la presidenta, Cristina Fernández, que retira a la compañía la explotación de las líneas Sarmiento y Mitre, que enlazan la provincia de Buenos Aires con la capital, por el "deficiente estado de conservación y mantenimiento del material rodante y deterioro de la capacidad y calidad de los servicios prestados".
El Gobierno había intervenido la compañía el pasado 28 de febrero, seis días después del accidente ocurrido en plena hora punta matinal, cuando un tren procedente de la localidad bonaerense de Moreno -en la línea Sarmiento- se empotró contra un andén de la estación Once, una de las tres más importantes de Buenos Aires.
El servicio de ambas líneas pasará a ser gestionada ahora por una "unidad operativa" integrada por las empresas Ferrovías y Metrovías, concesionarias de otros ramales, declaró el ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, en una rueda de prensa.
Agregó que se harán inversiones para mejorar "en términos operativos" las dos líneas, por la que pasan unas 600.000 personas a diario.
Según el ministro, el Gobierno ha invertido los últimos años 7.631 millones de pesos (1.350 millones de euros) en infraestructura del servicio ferroviario.
Precisó, además, que TBA recibió 250 multas durante la concesión.
"Los deudos de las víctimas (del accidente) buscan justicia y nos ponemos a disposición de la Justicia para avanzar en ese sentido", dijo De Vido en alusión a la investigación en curso para el esclarecimiento de la que fue una de las más graves tragedias ferroviarias que ha sufrido Argentina.
El siniestro ha puesto de manifiesto la precariedad del servicio ferroviario de cercanías, la negligencia política y la falta de control estatal sobre la gestión de la concesionaria.
Una pericia cuyos resultados fueron divulgados en abril reveló que los frenos del tren accidentado funcionaban, salvo uno de emergencia, pero que había fallos de mantenimiento que suponían un riesgo para la seguridad.
TBA es propiedad de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, que controlan uno de los grupos de transporte más poderosos del país y que han sido relacionados con funcionarios kirchneristas hoy investigados por corrupción, como Ricardo Jaime, secretario de Transportes del fallecido expresidente Néstor Kirchner, esposo y antecesor de la actual mandataria, Cristina Fernández.
Jaime fue una las 30 personas citadas a declarar por la Justicia en la investigación de la tragedia, al igual que el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, quien renunció poco después del siniestro, directivos de TBA y de organismos de control ferroviario.
La decisión de quitar la concesión a TBA se concretó tras las críticas lanzadas por familiares de las víctimas y por dirigentes de la oposición contra el Gobierno por el estado del servicio de trenes.
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sábado | 26 julio | 2025
