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viernes | 19 abril | 2024
El Partido Popular y el PSOE cargaron ayer contra el Gobierno local de la Marea después de frenar el intento de este último de remunicipalizar las bibliotecas con una fórmula “ilegal” en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvsa). Los partidos de la oposición aseguraron que la estrategia del alcalde, Xulio Ferreiro, pone en riesgo a los trabajadores y hasta el secretario municipal y que hasta el asesor jurídico de la empresa pública eran contrarios.
A poco más de dos semanas de las elecciones municipales, el fracaso de Marea Atlántica en su objetivo de remunicipalizar a través de Emvsa las bibliotecas se oficializó ayer después de la oposición del PP y el PSOE y la abstención del BNG en la votación de un cambio en los estatutos para variar la Lei de Contratos en el consejo de administración de la compañía. Esta modificación era imprescindible para dar el paso, pero los dos grupos que se manifestaron de forma negativa explicaron que la actuación era ilegal.
Mientras el concejal de Culturas, José Manuel Sande, acusaba a populares y socialistas de unirse “de costas á cidade” para paralizar “un proceso que mellora a eficiencia das bibliotecas da cidade, dá estabilidade ao cadro de persoal e, ademais, aforra ás arcas municipais unha media de 300.000 euros anuais”, la oposición se mostró muy crítica con las pretensiones del Ejecutivo municipal.
El PP lamentó que Ferreiro lleve “cuatro años engañando a los trabajadores” con la promesa de un procedimiento “que no se puede hacer”. Según añadieron, el secretario municipal y de Emvsa y el asesor jurídico de la empresa advirtieron “expresamente que la encomienda aprobada en Junta es ilegal porque la Marea se amparó en una normativa que no es de aplicación en este caso”, dado que habría que aplicar la anterior normativa de contratos y no la actual. Igualmente el interventor mantuvo un informe negativo por exceder la tasa de reposición.
Con deudas y sin contrato
La formación mayoritaria de la oposición también acusó al regidor de intentar “engañar a los consejeros al argumentar que el cambio de Estatutos propuesto era para adaptarlos a la nueva ley de Contratos, cuando esta adaptación ya se aprobó en octubre de 2018, por lo que su único fin era colar por la puerta de atrás una encomienda ilegal a tres semanas de las elecciones”.
Para la portavoz del grupo municipal socialista, Yoya Neira, el plan iba a “vulnerar la legalidad y poner en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores” de estas instalaciones. “De votar a favor, los concejales socialistas presentes en el consejo estarían impulsando una irregularidad, algo que al alcalde parece no importarle”, se lamentó la representante.
En este contexto, afeó que el equipo de Gobierno local “no solo ha sido incapaz de sacar adelante la recuperación de la gestión pública de las bibliotecas” de una forma válida, “sino que ha puesto en riesgo la estabilidad presupuestaria del Concello y el empleo” pues los trabajadores todavía no cobraron el mes de abril.
De hecho, a situación del servicio de aquellas bibliotecas que no gestiona directamente el Ayuntamiento se complica porque la concesionaria está prestando el servicio sin tener un contrato en vigor desde el mes de enero.
