Las ANPA de los colegios públicos se quejan de que la Xunta favorece a los concertados

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El Ideal Gallego-2011-05-04-011-b70625d3

m. pérez > a coruña
  Las asociaciones de padres de los colegios públicos coruñeses denunciaron ayer el agravio comparativo que entienden comete la Xunta al “dar prioridad a los intereses de los concertados”. El vocal de las ANPA, Virgilio Gantes, se quejó de que, “como siempre”, no se han tenido en cuenta las previsiones a la hora de elaborar las listas de admisiones y se ha “beneficiado a la empresa privada financiada con fondos públicos”.
El problema salió a la luz ayer tras la publicación de las relaciones provisionales de admitidos en los centros escolares. Se supo entonces que en la ciudad hay 400 niños que, en primera opción, han solicitado un puesto para Educación Infantil en un colegio público y no dispondrán de él. Pero la situación que denuncia Gantes tiene que ver más con la oferta por parte del Gobierno gallego, que habilita ahora cerca de 1.100 plazas en los 26 centros públicos de la ciudad, mientras que en los 13 que son concertados hay 850 plazas. Es decir, que aunque los privados son exactamente la mitad que los públicos, el número de vacantes para alumnos de Infantil no es muy distinto en ambos.
Los padres entienden así que la administración autonómica, lejos de dar mayor relevancia a la relación de plazas en colegios públicos, favorece que se abran un mayor número de unidades en los concertados, lo que provoca que haya familias que tengan que acudir, “aún sin quererlo”, a colegios  religiosos, a pesar de que sus creencias no encajen con las de estos. Recuerda además que estas instituciones cuentan “siempre” con la subvención del Ejecutivo gallego.

“Ninguneados” > En opinión de Gantes, esta medida no obedece a ninguna intención por parte de la Consellería de Educación más que a la de “ningunear” a la escuela pública que, recuerda, “es un derecho”. El portavoz de Confapa y docente ya criticó en otras ocasiones la actitud del responsable del departamento, Jesús Vázquez así como la del delegado territorial, Diego Calvo, cuando surgieron problemas en torno al proyecto Abalar.
En aquella ocasión ambas figuras aseguraron que si a los colegios públicos coruñeses no se les concedían los ordenadores del plan, era porque no contaban con las infraestructuras necesarias. Confapa recordó entonces que poner los medios era cosa de la Xunta.

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