Arteixo-La Policía impide el paso a los empleados de Chemitec, y su dueño denuncia a Xestur

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El Ideal Gallego-2011-07-07-021-005edbcf

m. rodríguez > arteixo

 Un cambio de cerraduras y un cordón policial fue el recibimiento que encontraron los trabajadores de Iso Chemitec e Iso Chemigun al llegar ayer por la mañana a las naves en Morás. Como explican los afectados, Xestur decidió ocupar la finca y ejecutar por la vía de hecho el auto de desalojo del 15 de junio. Sin embargo, tal y como explica el abogado, Alejandro Pérez, dicho auto está recurrido y entiende que la actuación fue ilegal por lo que ayer presentaron una denuncia en el juzgado de guardia.


El letrado señala que hasta el lugar se acercó la gerente de Xestur, el abogado de la entidad autonómica, y un notario de Arteixo, “que llegó una hora después de que el personal de Xestur hubiera entrado en la empresa”. Además, la Policía Autonómica impidió el paso del dueño y de los trabajadores a la propiedad y no acudió nadie de los juzgados.
Si bien es cierto que había un auto de desalojo, lo que no existe es una “orden de ejecución”, subraya Pérez que añade que en la denuncia presentada recogen que se realizó una actuación “arbitraria, con abuso de autoridad y prevaricación”, a lo que añade que se han vulnerado todos los derechos de su representado.
Pérez enuncia que además de la apelación mencionada, mantienen un contencioso en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre esta expropiación que “no se ha resuelto”, por lo que, si finalmente el Superior les da la razón “poco va a importar, porque van –las empresas– a tener que cerrar” a lo que habría que añadir la posibilidad de que Xestur opté por derribar las naves antes de que se resuelva el caso en los juzgados.
Ahora, además del escrito presentado en el juzgado de guardia, el abogado pondrá en conocimiento del juzgado de lo contencioso administrativo que dictó el auto de desalojo y del TSXG una actuación que considera “contraria a derecho de defensa”.
En este sentido expone que el dueño de la empresa no pudo entrar en la nave, al mismo tiempo que no hubo nadie que “pudiese dar fe” de las posesiones que había dentro de nave. A esto habría que sumar que los trabajadores no pudieron cumplir con los pedidos que tenían pendientes porque al no poder entrar en la nave.
Por su parte, la Consellería de Infraestruturas asegura que sí había una “autorización judicial” para proceder al desalojo y si bien el propietario tiene derecho a tomar las medidas que considere oportunas, la ocupación fue comunicada “en tiempo y forma”.

 

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