El convenio urbanístico de O Froxel regresó ayer a los juzgados. En esta ocasión, el exalcalde, Manuel Pose, y el promotor Juan Abad acudieron al tribunal para testificar. En su intervención, Pose ratificó su actuación en un proceso por el que consiguió los terrenos para edificar el centro social de O Froxel a cambio de edificabilidad en dos fincas urbanas.

El caso llegó a los juzgados en 2010, después de que el promotor reclamase al Ayuntamiento –que se opuso– que le dejasen seguir adelante con sus proyectos o que le indemnizasen con 1,5 millones de euros. La anterior corporación decidió por unanimidad la revisión del acuerdo, una postura que respaldó el Consello Consultivo que avaló la nulidad del documento por una “omisión por completo do proceso”.

El exalcalde defendió que toda la documentación “estaba en regla”

Con estos antecedentes, Pose acudió ayer a los tribunales para defender ante el juez que toda la “documentación estaba en regla” y que no tuvo “ningún reparo” de los técnicos para seguir adelante con este convenio.

De este modo, en 2002, el Ayuntamiento llevó a cabo la aprobación inicial, después, “no se cumplieron los plazos”, lamentaba ayer en declaraciones a este diario Pose.

"necesidad"

Cuando Abad (de promociones Buenos Aires) decidió llevar a los tribunales la decisión del pleno de la corporación, aseguraba que la finca rústica estaba valorada en más de 57.000 euros, mientras que los técnicos municipales rebajaron a la mitad esta cantidad. Sumada esta circunstancia a la indemnización exigida, el Consello Consultivo daba la razón al bipartito por la “enorme desproporción que supone entregar una finca rústica de 1.910 metros cuadrados a cambio de aprovechamiento urbanístico con una edificabilidad mínima de 1.910 metros cuadrados”.

Sin embargo, el exmandatario incide en que gracias a la decisión adoptada en su día, el gobierno local que presidía pudo levantar un centro social que “está justificada su necesidad”.

Además, Pose defiende que “convenios como éste se firmaron cincuenta mil” y reitera que cumplió con los requisitos que le ordenaron los técnicos en su día.

Por otra parte, hace ahora dos años, aseguraba que el Ayuntamiento había ahorra 3.000 euros con su actuación y auguraba que, finalmente, la Justicia le terminaría dando la razón a Abad.

Juicios

Abad llevó al juzgado la decisión municipal adoptada en el pasado mandato por la que se prohibía construir las 49 viviendas previstas. Sin embargo, no consiguió el beneplácito del juez y, finalmente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avalaba la decisión tomada en primeras instancias.

A su vez, también dejó en manos de la Justicia la impugnación del acuerdo de hace más de diez años. Al mismo tiempo, la anterior corporación decidió que la representación legal de los intereses municipales recayese en manos del cuerpo jurídico de la Diputación, en vez de la letrada municipal. n