La sentencia del juicio de la primera época de la trama “Gurtel”, que condenó a 351 años de cárcel a 29 de los 37 acusados, considera probado que entre los años 1999 y 2005 el grupo de empresas de Francisco Correa y el Partido Popular se tejió en varios territorios una “estructura de colaboración estable” que llevó a un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”.

Este sistema tenía lugar gracias a la “estrecha y continua relación” de lo que la sentencia denomina “Grupo Correa” con “influyentes militantes” del PP que fueron enjuiciados en este juicio –como Alberto López Viejo, Ricardo Galeote, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda–, los cuales “tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”.

El tribunal considera acreditado que durante esos años entre el Grupo Correa y el PP se tejió “una estructura de colaboración estable” y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido.
Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada relatan en la sentencia cómo las empresas de Correa u otras empresas terceras elegidas, con el apoyo de los cargos públicos condenados, “gozaban de un arbitrario trato de favor en la contratación pública”.

Inflar los precios
Según explican, inflaban precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas, con la finalidad de la obtención ilícita de beneficios a costa del erario público, “o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etc”, de las que “en algunos casos se beneficiaron sus familiares”.
Otras cantidades detraídas sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del PP o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada “caja B” del partido.

Una caja B desde 1989
Esta “caja B” era “una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”.
Por los hechos juzgados en esta pieza, Francisco Correa, percibió 8,4 millones de euros por contratos públicos adjudicados a sus empresas durante el periodo 2000-2008. Estos contratos generaron un “importante perjuicio” a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado “era mayor que el normal de mercado y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones”. Además, Correa ingresó más de 2,8 millones de euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas.

En lo que el tribunal denomina “auténtico sistema de defraudación del erario público”, el extesorero del PP Luis Bárcenas supuso una “pieza fundamental” porque con su presencia, desde dentro del partido, podía acercarse a quien en cada caso convenía para conseguir la adjudicación correspondiente, “de cuya ejecución se incrementaba en la cuota fijada, que luego se repartía entre quien tenía relación en ella y del que el propio partido recibía su correspondiente beneficio”.

La Audiencia Nacional condenó a Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión, al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses además de 44 millones de euros de multa, a su esposa Rosalía Iglesias, 15 años y 1 mes de prisión y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo.

Al considerado su número dos, el que fuera secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, se le impuso una pena de 37 años y medio. El tribunal también condenó a la mujer de Correa, Carmen Rodríguez, a una pena de catorce años y ocho meses de cárcel.