Aurelia no habló ayer. La anciana de 85 años permaneció en su casa para dejar atrás el estrés de días pasados y por expreso consejo de los médicos. Fue su representante legal, Antonio Vázquez, el encargado de valorar el acuerdo entre inquilina y propietarios para evitar el lanzamiento forzoso.
Aunque Vázquez descartó concretar los términos del pacto “por razones de confidencialidad” –según se ha sabido tendrá dos meses de plazo para abandonar el piso donde reside así como una compensación económica que podría ascender a los 5.000 euros–, afirmó que lo conseguido supone “un hito muy importante en la lucha para que una ley injusta pueda ser modificada”. “Es un primer paso y a partir de aquí hay un largo camino para lograr el cambio legal”, comentó.
No obstante, el letrado reconoció que lo pactado “no es lo deseable, ni lo perfecto” pero al menos “es la primera vez que se logra frenar un desalojo forzoso cuando hay una sentencia firme”.
Por su parte el portavoz de Stop Desahucios, Héctor Tejón, criticó que “o poder político prefira salvar bancos que persoas” y advirtió: “Isto acaba de comezar, non imos consentir máis abusos contra a cidadanía”. “O problema que temos é que non hai vontade de axudar á cidadanía”, sentenció. n s. dapena
