Las lesiones que sufrió, en marzo de 2010, una de las médicos residentes del Punto de Atención Continuada de Cambre durante una noche de trabajo llegan en tres semanas a la sala de vistas del juzgado de penal 5 y pueden costarle a la paciente acusada una pena de hasta un año y medio de cárcel como autora de un delito de atentado a la autoridad, en este caso, la sanitaria.
Se trata de una joven que aún no había cumplido la veintena en aquella fecha y que fue detenida en el centro sanitario cuando todavía trataba de golpear a la facultativo que se encontraba con ella y que, según consta en el escrito de acusación que se llevará al juicio, estaba embarazada.
Los hechos los sitúa el fiscal poco después de las cinco de la madrugada, cuando la paciente acudió al PAC para ser atendida de un dolor en una rodilla. Solicitó la presencia de un médico pero, en vista de que este se retrasaba –no más de cinco minutos, según se recoge en el escrito de la acusación pública– comenzó a golpear el mostrador de atención al público y a tirar al suelo todo lo que encontró a su alcance.
La médico acudió en ese momento para recriminar a la usuaria su actitud y fue entonces cuando, señala la acusación, la joven desplegó su violencia contra ella: comenzó a empujarla, a darle bofetadas y patadas e incluso un puñetazo en el abdomen.
Consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones en un brazo, y tuvo que someterse a una exploración obstétrica para comprobar el estado del feto, que finalmente no sufrió daños. En este sentido, la petición de pena del fiscal incluye, además del delito –que se califica de este modo al estar la funcionaria pública ejerciendo sus funciones cuando sufrió el ataque– una falta de lesiones, por la que se reclaman siete días de localización permanente, y una indemnización de 200 euros, más los gastos sanitarios.
La versión de la Fiscalía tiene en cuenta que en el momento de los hechos la acusada había bebido, lo que lleva a apreciar una circunstancia atenuante por “embriaguez semiplena”.