La comunidad educativa expresó ayer de forma mayoritaria su rechazo al real decreto del Gobierno que permite a las universidades ofertar grados de entre tres y cuatro años y másteres de entre uno y dos años.
Los rectores y los estudiantes universitarios convocaron para el próximo lunes sendas reuniones para analizar en profundidad esta reforma, que la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) considera inoportuna.
Además, la Crue cree que ofrecer un modelo distinto de duración de grados y másteres puede contribuir a “un mayor desequilibrio” en la oferta de titulaciones universitarias.
Por su parte, el Sindicato de Estudiantes anunció ayer movilizaciones y la convocatoria de una “gran huelga” de 48 horas contra la reforma aprobada por el Ejecutivo por considerar que va a convertir el título universitario en “papel mojado” en el mercado laboral.
“Si se atreven a aprobar esto, que sepa el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que nos va a tener enfrente, que la juventud se va a levantar”, avisó la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García. CCOO, UGT, CSIF y la CIG rechazaron la reforma, que no ha tenido “debate político ni social”, y consideraron que el Ejecutivo pretende “convertir las universidades en empresas de servicios educativos”. La organización sindical de la enseñanza pública ANPE también criticó la reforma por su “precipitada” puesta en marcha “cuando aún no ha culminado el proceso del Plan Bolonia” y porque no ha contado con un pacto de toda la comunidad educativa.
Una de las voces más críticas con la reforma fue la del secretario general del PSOE en el Senado, Óscar López, quien opina que la propuesta del Gobierno “persigue ahondar en la brecha social de desigualdades”, dificultando ahora la enseñanza superior, reduciendo calidad y recursos y favoreciendo a las universidades privadas.
El PSOE anunció que pedirá al ministro de Educación que explique en el Senado su “aberrante” reforma universitaria, y le acusó de ser tan “corrosivo” para la educación como la aluminosis para los edificios.
Por el contrario, entre las comunidades gobernadas por el PP, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, defendió la necesidad de abrir las universidades españolas al mundo para “mejorar su nivel” y convertirse en referente internacional para los hispanohablantes. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, apostó por dar estabilidad al sistema educativo, tanto a la educación universitaria como a la obligatoria, sobre todo después de que haya habido “cambios excesivos” en el sistema.
El rector de la Universidad de A Coruña, Xosé Luis Armesto, criticó el decreto del Gobierno por considerar que “es un paso más en la desregulación que lleva a la privatización”. Armesto explicó que esta reforma supondrá que será más caro para las familias acceder a la universidad, por lo que ha considerado además que es “inoportuna”.
Mientras, el rector de la Universidad de Santiago, Juan Viaño, calificó como “malo” el real decreto porque desfavorecerá económicamente a la institución académica de la capital gallega.
Por su parte, el rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, afirmó que, “en el entorno de los rectores”, el decreto es considerado como “un despropósito” por implantarse sin contar aún con evaluaciones de calidad del sistema actual.