El Gobierno inició ayer la mayor transformación en la Administración municipal en las últimas tres décadas, que conllevará que el 82% de los concejales no cobre, limitará el sueldo de los alcaldes y de los empleados públicos de los ayuntamientos y permitirá ahorrar 7.129 millones de euros.

Tras aplazar en varias ocasiones su aprobación y después de intensas negociaciones con los ayuntamientos y el PSOE, el Consejo de Ministros ha decidido enviar al Consejo de Estado, paso previo a su remisión a las Cortes, el proyecto de reforma que incluye un cambio en la Ley de Bases de Régimen Local.

Asimismo, el Gobierno ha incluido en este marco de reforma fijar en los Presupuestos Generales del Estado los límites del sueldo de los alcaldes, los cargos electos y los empleados públicos, que hasta ahora se fijaba en los consistorios.

Finalmente el Gobierno ha optado por no reducir el número de concejales, como había previsto en el primer borrador estudiado por el Consejo en julio que recogía una disminución del 30 por ciento del número de ediles.

A cambio, el Ejecutivo ha decidido que el 82% de los ediles no tenga dedicación exclusiva, de la que solo dispondrán 12.188 de los 68.285 concejales de España.

nóminas

Además, el Gobierno fijará los límites de las nóminas de los alcaldes, que en el caso de las grandes ciudades (más de 500.000 habitantes) estará en línea con el salario de un secretario de Estado (entre los 95.000 y 100.000 euros al año).

Otra de las grandes novedades de la reforma es que en la ley estatal de presupuestos se fijará el tope del sueldo de los empleados públicos y de los directivos de las empresas municipales porque entiende el Gobierno que no es justo que cobren más que el personal de otras administraciones que hacen actividades similares.

Esta reforma “clave”, según comentaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, supondrá un ahorro de 7.129 millones entre 2013 y 2015.

Una cifra que se conseguirá principalmente por la eliminación de duplicidades (3.282 millones), la clarificación de competencias (2.232 millones de euros) y la reordenación del sector público local (1.397 millones de euros).

Este fue otro de los puntos más importantes que avanzó el Ejecutivo, ya que los municipios no podrán crear nuevos entes, tendrán que sanear o disolver los existentes y suprimir los que dependan a su vez de otras entidades.

El número de asesores también se verá reducido en el ámbito municipal, cuyo reparto se hará en función de la población y no podrán superar los 6.489 en el conjunto de España. Esto conllevará un ahorro de 145 millones de euros.

competencias impropias

Montoro subrayó que a partir de esta reforma se eliminarán “las competencias impropias”, que son aquellas que ejercen los ayuntamientos sin corresponderles, y se abre una transitoriedad para que las comunidades asuman aspectos relacionados con la educación y la sanidad (cinco años) y con los servicios sociales (un año).

Las mancomunidades y las entidades locales menores deberán rendir cuentas en tres meses para no desaparecer.

Actualmente, el 96,1% de las entidades locales menores, el 85,2% de las agrupaciones de municipios y el 71,13 % de las mancomunidades no presentan sus cuentas para ser fiscalizadas.

Se refuerza el papel de los interventores locales para dotarlos de mayor imparcialidad y pasar a depender nuevamente del Estado y se mantiene la intención inicial del Gobierno de reforzar el papel de las diputaciones provinciales, que podrán asumir servicios de municipios con menos de 20.000 habitantes.

En el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, voluntariamente podrán decidir integrar el ejercicio de la competencia en una administración superior o si es una duplicada, delegar con la comunidad.

El Ministerio de Hacienda y someterá a un proceso de evaluación los servicios públicos.