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viernes | 19 abril | 2024
La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, elegida hace una semana, aprobó ayer la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, después de que el Tribunal Supremo hallara méritos para su enjuiciamiento.
Minutos antes, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela impidieron la entrada de Ortega a la sede del Ministerio Público. Ortega fue obligada a retirarse de la sede y sus alrededores por los efectivos.
De este modo, Ortega, la primera en romper las filas del monolítico chavismo, vio ayer el final de su carrera como fiscal general de Venezuela tras abrir la puerta a una ola de investigaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Ortega es también la fiscal general que llevó los casos de responsabilidad penal en contra de centenares de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, entre ellos el que condujo al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, a una condena de casi 14 años de prisión.
Punto de inflexión
La abogada –de 59 años, identificada con el chavismo y casada con un diputado oficialista– marcó un punto de inflexión con el Gobierno el pasado 31 de marzo y sorprendió al país con un pronunciamiento sin precedentes, al denunciar el riesgo de ruptura del orden constitucional con la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones del Parlamento.
En sustitución de la exfuncionaria, que podría ser llevada a juicio, los oficialistas designaron al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como nuevo fiscal general, convirtiéndose en la primera autoridad designada por el órgano plenipotenciario, que celebró ayer su primera sesión.
“Eso no puede quedar vacío porque se generará un problema que ya lo teníamos con la inacción del Ministerio Público”, dijo el constituyente Diosdado Cabello al postular a Saab para el puesto. La decisión fue sometida al voto de los constituyentes después de que el Tribunal Supremo de Justicia notificara a la Asamblea de que había hallado méritos para enjuiciar a la fiscal, para su inhabilitación, prohibición de salida del país y congelación de sus bienes. Cabello pidió además que se declare “la emergencia” dentro del Ministerio Público “para que se proceda a su inmediata reestructuración”, e indicó que deberá revisarse la actitud de todos los funcionarios en todos los niveles.
Por su parte, Ortega denunció que la decisión de apartarla de su cargo es un ataque “contra la Constitución” cometido por un organismo “ilegal”, en el marco de un “golpe contra la institucionalidad del Estado”.
Ortega aseguró que su cese es un intento de desmantelar el Ministerio Público para facilitar la impunidad del Gobierno venezolano. “Contribuirá a perpetuar el desfalco a la nación por la implementación de políticas económicas que benefician la corrupción, y a quienes hoy gobiernan a espaldas del pueblo”, dijo.
Por otro lado, la Asamblea Nacional Constituyente, que había sido propuesta para constituirse durante solo un año antes de los comicios, aprobó también por unanimidad que funcionará durante al menos dos. l
