A punto de cumplirse un año desde el inicio de la operación “Pokémon”, con la detención de una docena de personas, la causa que instruye la titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, sigue bajo secreto de sumario y de poco han servido las quejas de los abogados que se ocupan de la defensa de los más de treinta imputados que ya se contabilizan.
La “Pokémon” se puso en marcha para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener contratos y concesiones públicas a base de sobornos en distintas administraciones, pero las pesquisas, transcurrido prácticamente un año, han llegado también a Asturias y a Cataluña.
Durante todo este tiempo, los abogados que se han hecho cargo de la defensa de los políticos, empresarios y funcionarios imputados se han quejado en reiteradas ocasiones por la “indefensión” a la que supuestamente están sometidos sus clientes como consecuencia de la dilación del secreto de sumario, que acaba de ser prorrogado.
En septiembre, cuando se agote esa nueva prórroga, se habrá cumplido un año desde que se tuvo noticia de esta operación, doce meses en los que el juzgado fue rechazando los recursos presentados para solicitar que se levantase la reserva sobre las actuaciones, lo que llevó a algunos abogados a recurrir en apelación a la Audiencia de Lugo.

Cerca de las autonómicas
La operación “Pokémon” convulsionó a la opinión pública el 20 de septiembre del pasado año, a menos de un mes de las elecciones autonómicas, cuando fueron detenidos los que entonces eran alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, que quedaron en libertad tras abonar sendas fianzas de 6.000 y 10.000 euros, aunque tuvieron que dimitir.
Además, fue detenido en esa primera fase el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y concejal socialistas en Lugo, Francisco Fernández Liñares, así como el gerente y dos directivos del grupo Vendex, y un concejal nacionalista en Ourense, Fernando Varela, que también dimitió.

Fernández Liñares
El que más tiempo pasó en ella fue Fernández Liñares, quien abandonó la cárcel de Bonxe en enero por decisión de la Audiencia Provincial de Lugo, en respuesta a un recurso formulado por su defensa.
Liñares, al igual que el responsable de la empresa que gestiona el sistema ORA en Lugo, Javier Reguera, también detenido en esa primera fase, se benefició de la doctrina “Gao Ping”, que permitió salir de la cárcel al supuesto mafioso chino por haberse superado las 72 horas de detención legalmente establecidas antes de su paso a disposición judicial.
En la cárcel estuvieron Reguera, Liñares y el gerente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, quien dejó la cárcel tras abonar una fianza de 80.000 euros.
En la causa también fueron imputados otros tres alcaldes, el de O Carballiño, el popular Argimiro Marnotes; el de Santiago, el también popular Ángel Currás; y el de Lugo, el socialista José López Orozco, que llegó a prestar declaración dos veces a petición propia y cuyos abogados presentaron ya dos recursos ante la Audiencia para solicitar el levantamiento del secreto de sumario. Además, figuran en la lista de imputados los ediles de Santiago Adrián Varela y Rebeca Domínguez, así como el que fuera alcalde de la capital gallega, Gerardo Conde Roa, y los exediles Ángel Espadas y Albino Vázquez.

Evolución a “Manga”
Los dos últimos fueron detenidos junto a otras nueve personas en febrero, en la segunda fase de la “Pokémon”, la operación “Manga”, y provocó la renuncia de Vázquez a todos sus cargos y causó baja en el PP, tras  tener que pagar fianza de 15.000 euros. Junto a Espadas, que abandonó la prisión en abril, también fue encarcelado el exdelegado de Aquagest en Santiago, José Luis Míguez.
Esta misma semana también declaró como imputado otro edil de Santiago, el socialista Bernardino Rama, que ejerció como responsable de Obras durante el bipartito santiagués.