El Gobierno estudia los bienes y servicios que actualmente se gravan a tipos reducidos de IVA con el objetivo de ampliar las bases imponibles del impuesto, elevar la recaudación y cumplir así con la recomendación de Bruselas.

Así lo señalaron fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que quisieron precisar que Bruselas no pidió directamente a España que suba el IVA, sino que amplíe las bases imposibles del tributo y que revise los estímulos a la adquisición de vivienda.

Los artículos de primera necesidad, que tributan un 4%, podrían duplicar el porcentaje de la tasa

De esta forma, el Gobierno podría pasar productos que actualmente se gravan al IVA superreducido (4%) o reducido (8%) al tipo general (18%) y ampliar así la recaudación del tributo.

Entre los productos y servicios que tributan a un tipo reducido figuran el transporte de viajeros, servicios de hostelería, entradas a espectáculos, dentistas o peluquería y vivienda nueva, entre otros.

Primera necesidad

Por su parte, los productos con un tipo superreducido son los de primera necesidad: pan, leche, huevos, frutas, verduras, hortalizas, cereales y quesos. Además, también se benefician los libros, periódicos y revistas no publicitarios o las viviendas de protección oficial.

Las mismas fuentes aseguraron que las medidas relativas al IVA incluidas en el plan de lucha contra el fraude aprobado el viernes también sirven para ampliar las bases imponibles del impuesto al elevar la recaudación.

Entre los sectores
con tasa reducida están la vivienda y
la hostelería

Además, esperan que el plan entre en vigor en enero de 2013 o incluso antes, ya que se trata de un “proyecto ambicioso” que dota a la Agencia Tributaria de buenas herramientas para evitar el fraude.

Según las fuentes, el diseño del plan antifraude es un ejemplo claro del compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy en la lucha contra el fraude, más aún en un año como el 2012 en el que es más necesario que nunca que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias.

El plan incluye medidas novedosas como la limitación del pago en efectivo entre empresas y entre particulares y empresas a 2.500 euros, la obligación de declarar los bienes que se poseen en el extranjero.