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sábado | 20 abril | 2024
El plazo para comenzar las negociaciones del ERE de ALcoa comienza hoy, y tanto el Gobierno central como los trabajadores quieren detenerlo cuanto antes. Ambos aseguran que existen errores en la presentación del expediente que permitirían que Inspección de Trabajo o de Traballo (puesto que se han recurrido a ambas instancias) lo paralizara. El presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, acudió ayer con otros representantes sindicales a la Delegación del Gobierno para entregar sendas denuncias. Al mismo tiempo, continuaba la redacción de la demanda que se va a entregar al Comité Europeo.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, afirmó que el Gobierno está todavía analizando el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción presentado por Alcoa para sus plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña para poder recurrirlo pero reconoce que existe toda una “serie de errores”. La tesis de los trabajadores, que avala el Gobierno, es que, como no abrió previamente un período de consultas, el gigante americano cometió una ilegalidad. Pero desde Alcoa España aseguran que los trámites se llevaron a cabo “escrupulosamente” y opinan que solo queda comenzar las negociaciones para acordar las medidas sociales.
El objetivo de esta maniobra legal es “ganar tiempo” para que inversores internacionales puedan plantear alternativas industriales a las dos plantas. “Queremos que la empresa no presente el ERE, estamos presionando para que eso sea así”, manifestó Reyes Maroto nada más salir del Consejo Interterritorial de Internacionalización.
Empresas interesadas
Con ese tiempo, lo que pretende el Gobierno, así como los trabajadores, es que inversores internacionales puedan plantear alternativas industriales a las dos fábricas, tanto la de A Coruña como la de Avilés y poder mantener así “al menos” las unidades operativas y el empleo, aunque sean otras empresas las que gestionen la infraestructura. Desde Alcoa señalan que ya han intentado vender las plantas este mismo año y aunque Goldman Sachs se mostró interesada, no hubo ninguna oferta final. De ahí que se hayan decidido a cerrarlas por problemas estructurales.
Pero Maroto sostiene que ya se han mantenido reuniones con futuros inversores que pueden dar una “viabilidad” a las dos plantas y el mantenimiento del empleo. “Es un escenario que contemplamos”, insistió la titular de Industria.
La ministra expresó su confianza de que así se salvarán los 686 puestos de trabajo que están en juego desde que el pasado día 17 la empresa comunicó a través de una videoconferencia su intención de cerrar las dos plantas y conservar solo la de San Cibrao, la más moderna y productiva de las tres.
Propuesta
El Ministerio de Industria también recibió hoy la propuesta de los comités de empresa de Avilés y A Coruña, que básicamente consiste en que, una vez paralizado o levantado el ERE, se establezca un periodo de transición de 18 meses en los que las planas estarían controladas por una mesa gestora, un consejo administrativo formado por representantes de la Xunta (o el Principado de Asturias, en el caso de la de Avilés), el Gobierno central y los propios trabajadores.
En ese tiempo, se renovaría la fábrica y se modificaría el sistema eléctrico español por otro más competitivo y luego se realizaría la venta.
Pero lo primero es organizarse en una mes de trabajo. Según Maroto, contar con esa mesa de trabajo va a permitir conocer “de primera mano” por parte de sindicatos y gobiernos autonómicos toda la información para poder abordar el problema del cierre de las plantas.
Respecto al cambio del marco eléctrico de la factura eléctrica, que los trabajadores aseguran que les afecta gravemente, la semana pasada la ministra afirmó que están estudiando sacar la subasta de interrumpibilidad, de la que Alcoa era la principal beneficiaria y que estaban a punto de hacer pública antes del anuncio hecho por la compañía. Además, están agilizando la orden para que las electrointensivas puedan cobrar las ayudas para costes indirectos de CO2 que en el caso de Alcoa rondan los 150 millones de euros. Pero crear una nueva ley será mucho más difícil. l
