La Fiscalía denuncia a Carballido por presunta prevaricación y coacciones

La Fiscalía denuncia a Carballido por presunta prevaricación y coacciones
La comparecencia de los representantes sindicales fue respaldada por la mayoría de los trabajadores marema

La Fiscalía Provincial de A Coruña ha decidido denunciar en el juzgado al alcalde de Ponteceso, Lois García Carballido, y a su gobierno, por presuntos delitos de prevaricación, coacción y amenazas. Así lo aseguran desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), al que pertenecen cuatro de cinco delegados que componen el comité de empresa.
El fiscal actuaría en este caso de oficio, a la vista del rosario de querellas y denuncias que hay presentadas contra el regidor, bien a título individual o bien a través de la representación sindical. La decisión supone un paso más en la guerra abierta que desde la toma de posesión del cargo mantiene el mandatario socialista con la mayoría de una plantilla de 70 trabajadores, de los que 50 son personal laboral y 20 funcionarios especiales y de carrera.
Según la CSIF, las presiones y coacciones por parte del alcalde y su gobierno hacia los trabajadores han sido constantes desde el primer momento y se han ido agravando y repitiendo con el paso de los meses, con lo que “hay una dificultad absoluta para trabajar y un atropello constante de nuestros derechos”, señala Alfonso Espiñeira, presidente de la sección de Administración Local del CSIF.
El sindicalista alude a modificaciones de las condiciones y horarios de trabajo “a base de imposiciones y sin ningún tipo de negociación previa”; a descalificaciones hacia el personal a través de las redes sociales; injerencias mediante órdenes en las que se insta por ejemplo a los policías locales a hablar con él antes de imponer multas de tráfico; presiones hacia los delegados sindicales negándoles días libres que les corresponden o amenazándolos para que cambien de sindicato, etc.; intimidaciones constantes, entre ellas la vivida por un trabajador municipal que es hijo de un ex edil del PP y al que supuestamente se le colocó un detective privado para vigilarle, etc. “La gente tiene que saber las condiciones en las que se está trabajando en el Concello de Ponteceso, es una auténtica locura, una intranquilidad constante. El personal está muy preocupado porque se le piden cosas surrealistas, se les dan órdenes que, se sabe, no pueden ser cumplidas porque o no hay medios o la gente no sabe cómo hacerlas, pero que se acaban sacando igual adelante por miedo a las represalias”, se queja el representante de la CSIF. Espiñeira habla además de “trato denigrante” y de “maltrato psicológico” hacia los trabajadores, a muchos de los cuales se les tacha frecuentemente de “enchufados”, llegándose al punto de “ir a las casas de algunos a darles órdenes”.
La aplicación el pasado verano de un plan de reorganización de horarios y funciones, que según los representantes sindicales impidió a muchos conciliar vida laboral y familiar, supuso una nueva vuelta de tuerca en esta deteriorada relación entre los trabajadores y el gobierno pontecesán.
Estas constantes fricciones dieron lugar a la presentación de tres querellas contra el alcalde, sobre el que también pesan varias denuncias en la Guardia Civil y otra reciente ante Inspección de Trabajo. Desde la CSIF venían pidiendo por todo esto la urgente intervención de los poderes públicos “por la gravedad de los hechos que estaban y están ocurriendo desde la entrada en el gobierno de García Carballido”, si bien destacan que el fiscal ha actuado “de oficio” porque “debe ver la misma gravedad que vemos nosotros”.
El sindicato confía en que la justicia complete cuanto antes la investigación y abra juicio oral contra el mandatario, momento en el que entienden que el PSdeG-PSOE debería aplicarle su propio código ético interno. “Por un simple motivo ético, debería dimitir ya que es la propia Fiscalía la que le está denunciando e investigando. En caso contrario, si hay juicio oral, su propio partido tiene que cesarle”. La CSIF pide a APIN, socio de gobierno del PSOE, que haga lo propio.

La Fiscalía denuncia a Carballido por presunta prevaricación y coacciones

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