El Gobierno local equipara el sueldo del 092 con el interventor en contra

Tras el convenio firmado ayer por el Ayuntamiento con los representantes de los policías locales, estos comenzarán a percibir a partir de septiembre el sueldo que reclamaban conforme a su categoría funcionarial, y que no se les abonaba debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a recortar los gastos en sueldos de los funcionarios. Para firmar este convenio, el Gobierno local ha ignorado un informe del interventor municipal negativo. Según la concejala de Hacienda, Eugenia Vieito, “non supone ningún reparo ni ningún obstáculo”.
Los policías locales llevaban años reclamando que se les pagaran los sueldos conforme a su categoría funcionarial C-1, pero seguían recibiendo la nómina como si aún pertenecieran a su anterior categoría. Tras la aprobación en junta de Gobierno del convenio de ayer, se retomará el acuerdo de 2009 que había sido suspendido en 2012. Esto obligará a modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, lo que llevará unas semanas. Sin embargo, la concejala de Seguridad Ciudadana, Rocío Fraga, asegura que estará listo para septiembre.
La subida mínima serán ochenta euros, aunque depende del rango. Fraga asegura que la vía jurídica que ha escogido el Ayuntamiento “é moito máis limpa” (una disposición adicional de la Ley de Presupuestos del Estado) que la que habían sopesado anteriormente y que está muy respaldada, de ahí que obvien la advertencia del interventor de que no se pueden restablecer retribuciones minoradas si no hubo un recorte previo de ellas.
“Existe unha discrepancia xurídica –admitió Fraga– pero chegado o caso iremos abordando os temas”. El Gobierno local se aferra al estudio de la asesoría jurídica, que consideran sólido y que, sobre todo, sirve para poner fin a un conflicto laboral con los policías que lleva prologándose meses, con continuos actos de protesta frente al palacio municipal, y que podría haberse agravado de no haberse llegado a una solución. Vieto añadió que le informe del interventor “non ten carácter de fiscalización porque no se produce por agora un gasto. É unha opinión xurídica”.
Tanto los representantes de CSIF, como de UGT y CCOO demostraron su satisfacción por el acuerdo firmado ayer. “Era un tema complicado pero se ten traballado. Houbo unha implicación política y técnica importante”, reconoció Manuel Aceña.l