Las hay con nombres ya célebres, como “Carioca”, “Campeón” o la famosísima “Pokémon”; otras sin embargo no tienen nombre conocido para el gran público y nos referimos a ellas como la causa de los 104 contratos irregulares de Ourense o la de las obras de la calle Bedoya; pero todas ellas tienen en común que han puesto contra las cuerdas a la clase política gallega. Son las operaciones contra la corrupción política que en la actualidad se investigan en varios juzgados gallegos. Y hoy es un día especialmente importante para ellas.
Y es que hoy Lugo y Ourense tendrán el foco informativo en sus juzgados. En la primera harán el paseíllo por delante del tribunal de Pilar de Lara hasta 18 imputados –algunos nuevos y otros repiten– y tres testigos de la gigantesca operación “Pokémon” que deberán prestar declaración. En la segunda, serán hasta 70 personas las tendrán que declarar ante el juez, pero uno solo eclipsará al resto: El que fuera el gran barón popular de Ourense, José Luis Baltar Pumar, quien deberá responder por esos 104 contratos irregulares que hizo en su etapa en la Diputación de Ourense, semanas antes de que un congreso provincial del PP eligiera a su hijo como nuevo presidente de la formación.
Pero si alguna operación ha sido y es mediática esa es “Pokémon”. Afecta a todos los partidos con representación parlamentaria, a excepción de AGE, y conseguido que caigan alcaldes de varias ciudades, incluidos los dos últimos regidores de Santiago.

sobornos
En un nuevo paso de la instrucción de este caso, que investiga presuntos sobornos para la obtención de contratas municipales en varios municipios –no solo gallegos–, serán 18 cargos políticos, funcionarios y miembros del grupo Vendex quienes declaran hoy ante la instructora, junto a tres testigos, por los presuntos delitos de cohecho y blanqueo.
El pasado lunes, De Lara citó de urgencia a 21 personas para esclarecer un informe de Vigilancia Aduanera relativo a los ayuntamientos de A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago, Ribeira, Boqueixón, Verín y Arteixo.
El documento dice que “Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, máximo responsable del grupo Vendex, ha realizado pagos de elevadas sumas de dinero sin causa justificada aparente a distintas personas con cargos institucionales y/o políticos en entidades con las que además está vinculado el Grupo Vendex mediante contratos públicos”.
Según el auto, se infiere que Rodríguez Acosta así como José María Tutor Lemos –delegado del grupo en Galicia– diseñaron juntos una política empresarial conforme a la cual, para lograr adjudicaciones, especialmente de las municipales, realizaría presuntamente sobornos, consistentes en el pago de dinero y regalos, detalla.
Estos pagos o regalos “tienen como destinatarios autoridades municipales, políticos y funcionarios que bien directa o indirectamente han realizado actos o influenciado en los funcionarios que forman parte de los órganos de contratación con la finalidad de obtener diferentes contratos con las administraciones y muy en especial con la local”.
Todas estas actividades compatibles con la contratación de “distintas personas ‘recomendadas’ por las distintas autoridades, políticos y funcionarios”, añade.
Los partidos investigados en todos los casos son el PPdeG, el PSdeG, el BNG y, solo en el caso de Arteixo, Terra Galega, que además, según el auto, podrían estar incurriendo en un presunto delito de falsedad documental a la hora de recibir las donaciones.
A partir de las 10.00 horas, el juzgado recibirá como testigos al presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, y a Manuel Amado Vázquez y María Sol Fraga Eirís.

La lista de imputados
En calidad de imputados irán por parte de Vendex: Rodríguez Acosta, Tutor, Estrella Roca (esposa de Tutor), Adrián Cordero (gerente en Ourense), Javier Manuel Reguera (funcionario de Lugo y empleado de Vendex) y Alberto Antonio Quintana (exresponsable de Sermasa).
De A Coruña lo harán Julio Flores (PP) primer teniente de alcalde, José Nogueira (PSdeG) que fue responsable de Contratación, Xoán Martínez Caxigal (BNG), exedil, y el exsecretario provincial del PSdeG, Moisés Rey. Desde Ferrol acudirá el actual alcalde, José Manuel Rey Varela (PP) y la edil Mercedes Carbajales (PSdeG).
El resto se desplazarán desde Ourense: el exalcalde Francisco Rodríguez (PSdeG), el exjefe de la Policía Local Abelardo Álvaro Ulloa, el concejal Xosé Fernando Varela (BNG) y la funcionaria Silvia Paradela. De Santiago solo irá Ángel Espadas (PP), que ya no tiene ningún cargo, pero fue mano derecha del primer alcalde dimitido en esta legislatura, Gerardo Conde Roa.
También está llamado el expresidente de la Diputación de Ourense, Xosé Luis Baltar, que  sin embargo no acudirá porque hoy comienza el juicio contra él en Ourense por un delito continuado de prevaricación.
En el juicio, que se desarrollará hasta el 4 de julio en la Audiencia provincial de Ourense, en sustitución de la sala de lo Penal por cuestiones de espacio, tienen previsto intervenir más de 70 personas, entre ellas jefes de servicio, alcaldes y algunos de los supuestos “enchufados” durante etapa la Diputación.

El primero en declarar
Baltar será el primero en sentarse en el banquillos a las 09.30 horas en una vista oral que debería contar con las declaraciones de los testigos de la Fiscalía, la acusación del PSOE –16 alcaldes–, del sindicato Manos Limpias y la defensa.
La vista oral fue convocada después de que en septiembre concluyese la investigación.
El PSOE, que denunció ante la Fiscalía la oleada de contrataciones, solicita diez años de inhabilitación para el expresidente que se denominó en varias ocasiones como el “cacique bueno”.
A raíz de ello, el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, abrió una querella penal contra Baltar merced a una denuncia del PSOE, la cual fue admitida a trámite. En ella, aludía a que esos contratos “se realizaron con ausencia del procedimiento de contratación en los términos que exige el ordenamiento jurídico” y “prescindiendo de todo principio de igualdad, mérito, capacidad y publicidad” y con “desprecio absoluto” por la ley vigente.
“En ninguno de los casos de las 104 contrataciones señaladas existió previa convocatoria o efecto en el BOP”, según el texto, que indica que en la mayor parte de contrataciones había “una petición a la presidencia por parte de los responsables de los diferentes servicios a los que finalmente fueron asignadas las personas contratadas”.
En su única declaración ante el juez, el propio Baltar dijo que desconocía el procedimiento administrativo y que eran otros quienes tramitaban los expedientes de contratación.