La denominada tarifa T3 sigue dando quebraderos de cabeza a Puertos del Estado. Tras haber sido declarada inconstitucional, la entidad se dedica a devolver año tras año los costes a las empresas afectadas y que en los tribunales reclamaron la devolución del pago, además de intereses. Ayer se conoció la última cantidad que tuvo que desembolsar la Autoridad Portuaria –es la entidad estatal la que le proporciona los fondos, pero la local hace efectivos los pagos– para cumplir con las cientos de sentencias que hay emitidas. El último importe ascendió a 16 millones de euros que se repartieron cinco compañías portuarias de la ciudad.

La mayor cantidad fue a parar a la naviera Ceferino Nogueira, que acumula hasta 9, 9 millones de euros, y es que tenía hasta 78 autos a su favor. Las otras cuatro compañías son Dionisio Tejero con 2,2 millones, Finisterre Agencia Marítima con 7.771 euros, Malpica La Coruña con 236.410 euros y Terminales Marítimas de Galicia con otros 3,5 millones.

Ceferino Nogueira es la naviera más afectada  con 78 autos a su favor   por un total de 9,9 millones

Toda esta cantidad se abonó ya en 2011, pero Puertos del Estado tendrá que seguir haciendo frente a más liquidaciones por los importes cobrados indebidamente, según señaló a posteriori la justicia. Ha nivel estatal este último pago ascendió a 207,3 millones de euros y a través de las auditorías realizadas por el Gobierno se ha comprobado que las 83 empresas que había reclamado su devolución han recibido su parte de las respectivas Autoridades Portuarias.

 Origen > La anulación de las liquidaciones por tarifas portuarias viene avalada por las sentencias del Tribunal Constitucional que en el año 2009 declaró inconstitucionales diversos artículos de las Leyes de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social de 1999 y 2000, estableciendo que las tarifas portuarias debían considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público.

Pero ya desde 1996, tanto la Audiencia Nacional como los Tribunales Superiores de cada comunidad habían venido estimando los recursos interpuestos por las empresas que se vieron obligadas a abonar esta tarifa portuaria. Este conflicto jurídico quedó resuelto con la ley de Puertos de 2003, que incluyó las correcciones necesarias para evitar que esta circunstancia se reprodujera en el futuro.

Desde Puertos del Estado informan de que en los próximos meses se verificará la aplicación de los fondos aprobados en diciembre de 2011, que ascienden a otros 70 millones de euros.