9º-16º
martes | 23 abril | 2024
El abogado del que fuera secretario xeral del PSdeG Pachi Vázquez pidió que su defendido declare al final del juicio en el que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada cuando era alcalde de O Carballiño (entre 1995 y 2005) en relación a la contratación de sesenta personas.
El letrado Víctor Moreno atendió a los medios con motivo del arranque del juicio en el juzgado del Penal número dos de Ourense contra el actual concejal de Espazo Común en el Ayuntamiento carballinés, quien declinó hacer declaraciones. En este proceso también se sientan en el banquillo cuatro exediles, entre ellos Carlos Alberto Montes, quien sucedió a Vázquez en la alcaldía hasta 2011. Todos los abogados defensores solicitaron que los encausados declaren en las últimas jornadas de este juicio para el que hay señalados once días, una petición que fue atendida por la magistrada por lo que no se prevé que las declaraciones tengan lugar antes del próximo 10 de diciembre.
Víctor Moreno justificó esta reclamación al considerar que “la posición de los acusados de tener que declarar el primer día pone en entredicho su presunción de inocencia” y que, de este modo, “podrán responder en mayor medida que teniendo únicamente la última palabra”.
Juicio “extraño”
Preguntado por la estrategia que seguirá la defensa, el abogado de Pachi Vázquez llamó la atención sobre el hecho de que aproximadamente “el 80% de los testigos” no hayan sido solicitados con anterioridad “ni por la acusación ni por la defensa” lo que, en su opinión, motiva que se trate de un juicio “extraño”. Asimismo, destacó que tampoco pidió “la testifical para saber qué había sucedido con cada uno de ellos”. “Estamos ante un juicio en el que se irá viendo día a día qué sucedió y eso no es lo usual”, manifestó en una intervención en la que subrayó que en toda la actuación, en “más de 3.000 folios”, no hay ningún indicio sobre que la actuación de los acusados “haya sido movida por preferencias”.
En su escrito, el ministerio público atribuye al también fundador de Espazo Común y al resto de acusados un delito continuado de prevaricación por suscribir durante su periodo de mandato “un gran número de contrataciones de personal laboral de duración determinada para el desempeño de labores de competencia municipal, respecto de sesenta trabajadores”.
En concreto, estas eran destinadas a la cobertura de puestos de peones y albañiles, conserjes, carpinteros, electricistas, trabajadores del servicio de limpieza, profesional de psicología, monitor de la oficina local de turismo, locutor-redactor y encargado de instalaciones deportivas, auxiliares de ayuda a domicilio e incluso agentes de la policía local, entre otros.
