El expresidente de Murcia declarará el 6 de junio como investigado en el caso “Púnica”

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El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, instructor del denominado caso “Púnica” en Murcia, Enrique Quiñonero Cervantes, ha citado para el próximo martes 6 de junio al expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez para que declare en calidad de investigado.
Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el magistrado inicia así las diligencias previas para la averiguación de los posibles delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada por parte del aforado Sánchez, quién dimitió el 4 de abril pasado después de que en febrero el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le atribuyese tales delitos.
Sánchez era en la fecha de los hechos investigados consejero de Cultura, en junio de 2014, momento en el que supuestamente buscó mejorar su imagen pública en internet a través de empresas relacionadas con el caso “Púnica”. Según fuentes de su entorno, Sánchez había solicitado comparecer ante el juez para aclarar su vinculación con el caso.
En la exposición razonada de esta pieza separada de la “Púnica”, que investiga el juzgado central de instrucción 6 de Madrid, se dice que en 2014 había noticias negativas sobre Sánchez vinculadas a aspectos de corrupción urbanística por el caso “Auditorio” de cuando era alcalde de Torre Pacheco que afectaban a su reputación en un momento en el que optaba a suceder al entonces presidente Ramón Luis Valcárcel.
El delito de fraude a ente público se enmarca en el supuesto concierto entre los investigados en este caso Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso con Sánchez para trabajos de mejora de reputación de este último en internet. El de cohecho se concluye porque los citados trabajos estarían facturados con dinero público para trabajos de carácter privado y que se pagarían con partidas destinadas a formación de la Consejería de Cultura, mientras que el de revelación de información reservada se estima porque se trasladó información de la administración autonómica que no podía ser conocida por la empresa con la que supuestamente iba a contratar Sánchez.

Reacción del PP
Mientras tanto, el portavoz del PP de Murcia, Víctor Martínez, abunció que ayer mismo Sánchez registró un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que solicita “comparecer voluntariamente” ante el juez instructor del caso “Púnica”. El PPaclara también que esto pone de manifiesto que “no hay nada que esconder, ni ocultar”. 
Martínez reiteró que “ni la Comunidad ni Pedro Antonio Sánchez firmaron, pagaron o contrataron nada” con alguna de las empresas vinculadas con la operación “Púnica”. Una constatación que “demuestran los catorce certificados oficiales existentes en la Comunidad Autónoma y que ya obran en poder del juez”, aseguró.  

Granados, a juicio en noviembre
Por otro lado, el exconsejero madrileño Francisco Granados será juzgado los próximos 14, 15 y 16 de noviembre por el chivatazo de la operación policial que le llevó a prisión, en el que será el primer juicio del caso Púnica en la Audiencia Nacional, informaron ayer fuentes jurídicas.
La Fiscalía Anticorrupción pide tres años de cárcel para Granados –en prisión provisional desde hace más de dos años, aunque pendiente de reunir una fianza de 400.000 euros para salir–, así como para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y el amigo de este, que medió en el chivatazo, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia y exasesor de la Comunidad de Madrid. Por su parte, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), acusación popular en esta causa, pide seis años de prisión para Granados y tres años para los otros dos procesados.
Se trata de la denominada “pieza 1 Talamino” de “Púnica”, una de las catorce piezas de la investigación, que será juzgada por la sección primera de lo Penal, que preside Fernando Grande-Marlaska.
En el auto de apertura de juicio oral, el juez Eloy Velasco recordaba cómo, tras recibir el soplo, Granados “desplegó una serie de actuaciones dirigidas a comprobar el grado de veracidad de la fuente” y “saber si dicha investigación también se dirigía contra él”.
Talamino, cuando se produjo el chivatazo, estaba en la UCO y así supo que se estaba investigando a Marjaliza, por lo que conociendo la relación que le unía a este con Granados “decidió hacer un favor a todos ellos facilitándoles información confidencial”. l

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