Los okupas tratan de anular el proceso judicial para echarlos de Santa Gema

El internado de Santa Gema es, desde hace casi tres años, el “Centro Social Okupado” de Palavea pedro puig

La lucha legal del colectivo okupa por permanecer en el antiguo internado de Santa Gema o Centro Social Okupado (CSO) de Palavea, según ellos, continúa. Sus abogados han presentado un escrito en el juzgado para solicitar la nulidad del proceso que les obliga a desalojar las instalaciones. Dado que la sentencia no es firme, aún les quedaría la posibilidad de recurrir ante la Audiencia Provincial, de manera que, aunque los okupas tienen el próximo domingo marcado como fecha límite para abandonar las instalaciones, el contencioso podría alargarse aún durante muchas semanas.  
Ya hace días, fuentes del colectivo antisistema expresaron su desconfianza ante la Justicia, “pois a súa función non é outra que a de protexer o capital”, aducían. Pero dado que el plazo no comienza a contar hasta que la sentencia es firme, y que este es de un mes, la desocupación del antiguo internado podría ir para largo, de manera que es posible que lleguen a cumplir los tres años completos en sus instalaciones.
La batalla legal afecta de manera muy cercana a dos miembros de este colectivo, a los que las autoridades identificaron cuando se descubrió que habían tomado posesión del recinto. Los okupas aseguran que durante el juicio no estuvieron presentes sus abogados, lo que consideran “unha flagrante vulneración do máis elemental dereito á defensa”. También suscitó protestas de los okupas que el juzgado de primera instancia se negara a admitir ninguna objeción a la caución (seguro por los posibles daños producidos en el internado) de 70.000 euros que exigía a los demandados y que ellos consideran “exorbitada”. Los jóvenes antisistema alegan, además, que los dos afectados ni siquiera viven en A Coruña y que hace años que no participan en la ocupación del edificio de Palavea.

sin allanamiento
Que se sepa, los okupas niegan incluso haber cometido allanamiento. Según su versión, ellos llegaron a un acuerdo con el guardia de las instalaciones para cuidarlas y evitar que entrara ningún vándalo. Con estos y otros argumentos, habían conseguido ralentizar el proceso judicial (se sucedieron hasta cuatro suspensiones temporales del juicio) pero los letrados del propietario del inmueble, un empresario de Sada que pretende convertirlo en un geriátrico, decidieron actuar por la vía civil.
La rápida decisión judicial cogió desprevenidos a los okupas, que denunciaban “a velocidade vertixinosa”. Mieentras, los inquilinos clamaban contra “un proceso enchido de irregularidades” que, por lo que parece, todavía está lejos de terminar. Los okupas son veteranos en estas lides, lo que les permite resistir durante años en edificios abandonados como el que fue su anterior “centro social” en As Atochas y del que solo salieron después de verse rodeados de antidisturbios. Aunque se fueron pacíficamente de la casa, durante los siguientes días protagonizaron manifestaciones no autorizadas por el centro de la ciudad que en algunos casos degeneraron en incidentes aislados de vandalismo.

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