Los detenidos en el marco de la operación antidroga desarrollada en Ourense se eleva a 13, entre ellos dos agentes de la Comisaría de la Policía Nacional ourensana, que estaban pendientes de pasar a disposición judicial. Así lo confirmó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que indicó que el operativo sigue “abierto”.
Sobre las diligencias de la instrucción de esta operación, que instruye el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ourense, se alzó el secreto para las partes, según concretó el TSXG.
Durante el operativo, desarrollado por agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional desplazados desde Madrid, se produjeron detenciones, además de los dos agentes adscritos a la brigada de Drogas de Ourense, de personas relacionadas con el tráfico de drogas en el barrio ourensano de Covadonga, donde se practicaron varias entradas y registros, y donde se incautaron de sustancias estupefacientes.
La droga fue intervenida en domicilios o locales ajenos a los de los policías arrestados en el marco de este operativo de Asuntos Internos de Madrid, según fuentes policiales.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, manifestó ayer que desea que “se aclaren” cuanto antes los hechos investigados en el marco de la operación antidroga. En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su presencia en un acto en Pedrafita, Villanueva explicó que la operación, que “lleva un tiempo” desarrollándose, “está todavía abierta” y los investigadores “continúan recabando pruebas”.
“La presunta participación de dos policías en este caso implica que el sistema de control que tiene la Policía Nacional funciona”, resaltó, para expresar su deseo de que “se aclaren estos hechos” y el “que sea culpable, evidentemente, tiene que pagarlo”. En este sentido, insistió en que este operativo refleja que “los mecanismos de control y coordinación internos del Cuerpo Nacional de Policía funcionan”, al tiempo que resaltó la “colaboración continua con fiscal y juzgado”.
Con todo, confía en que “se desarrolle lo más rápido posible” la investigación y “en caso de que haya culpables, tienen que pagar” por mecanismos internos de la Policía, como con las “consecuencias judiciales”, concluyó.