El fallo asegura que Urdangarin usó su prestigio para lograr contratos millonarios que se tramitaron de manera ilegal

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La sentencia que condena a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres por el caso “Nóos” considera probado que el exduque usó su prestigio como miembro de la Casa Real para conseguir la realización de los eventos “Illes Balears Fórum 2005 y 2006”, que costaron cerca de 2,2 millones de euros en total y cuya contratación llevó a cabo prescindiendo de la tramitación legal.
La sentencia considera probado que la contratación de Nóos  por parte de la administración Balear, participada al 50% por Torres y Urdangarin, para la realización de la denominada “Oficina del Proyecto” y, de la Asociación Instituto Nóos, para la realización de los eventos denominados “Illes Balears Fórum 2005 y 2006”, se llevó a cabo prescindiendo de la tramitación legal. Además, la tramitación de los eventos respondió a la decisión unilateral del entonces Presidente del Gobierno Balear, Jaume Matas, que adoptó debido a la influencia ejercida por el entonces yerno de Juan Carlos I y concertado con su socio.
Para ello, según detallan las magistradas, el exduque de Palma se sirvió de la íntima relación de amistad que le unía al recién nombrado Director General de Deportes, Pepote Ballester, y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba.
Además, Torres y Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que debieron tributar a través del IRPF, y se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho, defraudando al erario público más de 120.000 euros.

influencias
La sentencia también recoge que Urdangarin quiso influir en el Comité Olímpico Internacional para que este adoptase decisiones favorables a la candidatura de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2016 gracias a “su vinculación al movimiento olímpico y su proximidad a la Jefatura del Estado”. Según el tribunal, esta proximidad de Urdangarin con la Jefatura del Estado hacía que el marido de la infanta dispusiera de “contactos e influencias al más alto nivel entre los miembros del Comité Olímpico Internacional, a quien le correspondía tomar las decisiones concernidas a la elección de la candidatura que iba a albergar la sede” de los Juegos.
El fallo también revela que el exduque de Palma y su socio buscaban personas conocidas para hacerles contratos ficticios y así aparentar incrementos de plantilla en el entramado de Nóos. Ambos simularon nuevas contrataciones de personal para generar un aumento de gastos deducibles y la correlativa disminución de la base imponible y cuota del impuesto de sociedades de libertad de amortización.
Además, el tribunal también reprocha al marido de doña Cristina que no se comportara como cabe esperar de un miembro de la Familia Real y decidiera violar las leyes en beneficio propio.

periplo de la infanta
Por su parte, la infanta resultó absuelta de los delitos de cooperación necesaria en el fraude fiscal cometido por su marido tras un largo periplo judicial y de continua exposición mediática que comenzó hace unos cinco años, cuando su esposo fue imputado por el juez instructor de la causa, José Castro. 
Dos años después de que su nombre apareciese en el foco de las investigaciones del caso Nóos, la infanta Cristina se enfrentó a uno de los peores momentos de este proceso judicial al tener que declarar como imputada por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Durante siete horas Castro le formuló centenares de preguntas todas ellas relacionadas con su actividad dentro del Instituto Nóos, de la mercantil Aizoon –propiedad de la infanta y de Iñaki Urdangarín– y de los negocios que le llevó a su marido a reunirse con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, o el exjefe del Ejecutuvo balear Jaume Matas, también investigado en la causa. Por su parte, la Infanta respondió al juez con unas 579 evasivas. Entre las imprecisiones en que incurrió, unas 412 veces dijo “no lo sé” a las preguntas que le formularon, mientras que unas 82 señaló “no lo recuerdo”. El resto de evasivas las saldó con 58 “lo desconozco”, siete “no me consta”, siete “no lo sabía” y un “no tenía conocimiento”.
Con todo, la Audiencia explica en el fallo en la que absuelve a la infanta de ser cooperadora necesaria en el fraude cometido por su marido que la prueba documental aportada no permite señalar que su presencia en Aizoon –cuya titularidad compartían y que sirvió para desviar parte del dinero obtenido de las administraciones públicas– respondiera al fin de servir de “escudo fiscal” ante Hacienda.

La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, han pasado en un lustro de pasearse por los salones de palacio saludando a los invitados que hacían cola a quedar relegados al ostracismo en Suiza como consecuencia del caso “Nóos”. 
La situación de los dos era muy diferente hace cinco años. El 12 de octubre de 2011 acompañaron al resto de la Familia Real en la celebración de la Fiesta Nacional. Primero desde la tribuna de autoridades para ver el desfile militar y luego en la tradicional recepción en el Palacio Real. Sonriendo y conversando de manera animada, nada hacía presagiar la tormenta que se avecinaba. Unas semanas después, el caso “Nóos” abrió todos los telediarios al salpicar de lleno a la Casa Real. La Policía entraba a registrar empresas relacionadas con el Instituto Nóos que presidió Urdangarin en el marco de una investigación sobre desvío de fondos públicos. 
Desde ese día, el goteo de informaciones sobre los negocios irregulares del exduque y su socio Diego Torres ejercieron una presión insoportable sobre la Casa Real, descrita por un alto cargo de la institución como un “martirio”. Un mes después del escándalo, la Casa del Rey anunciaba que apartaba a Urdangarin de los actos oficiales por su comportamiento “no ejemplar”.
Desde aquel momento tanto él como la infanta quedaron vetados para representar a la Familia Real y por tanto sin posibilidad de cobrar 72.000 euros de los presupuestos. Así se lo comunicó un alto cargo de la Casa del Rey a doña Cristina: “Lo siento Alteza, pero no cuento con usted”. La infanta no encajó mal la decisión, no así su marido, que creía que Zarzuela le estaba condenando de antemano y perjudicando su defensa judicial.
Los esfuerzos de Zarzuela por desvincularse del caso se complicaron en abril de 2013, cuando el juez Castro citó a declarar a la infanta como imputada. Dejar caer a Urdangarin era una cosa, pero con la hija del rey Zarzuela siempre intentó establecer un cortafuegos, al menos mientras su padre se mantuvo en el trono. El propio Juan Carlos I intervino en la elección del abogado de la infanta. Ante la posibilidad de que doña Cristina se sentase en el banquillo como cooperadora necesaria de dos supuestos delitos fiscales cometidos por su marido, la única vía efectiva de desligar a la Casa del Rey del caso resultó ser la abdicación de Juan Carlos I en su hijo.

cambio de rey
Desde el mismo día en que Felipe VI fue proclamado rey, Cristina –al igual que su hermana Elena– dejó de ser miembro de la Familia Real. Cristina ni siquiera asistió al acto de proclamación.
Pero el distanciamiento entre los dos hermanos no se quedó ahí, ya que el monarca revocó el título de duquesa de Palma a su hermana, y por extensión a Urdangarin. El golpe sobre la mesa de Felipe VI escenificó un enfrentamiento público con su hermana que se hizo patente con un cruce de comunicados. 
Con esta medida, el rey Felipe agotaba todos los recursos a su alcance para marcar distancias con el matrimonio procesado, pues él no tiene capacidad para despojar a su hermana de sus derechos de sucesión al trono, a los que solo ella puede renunciar. n

El fallo asegura que Urdangarin usó su prestigio para lograr contratos millonarios que se tramitaron de manera ilegal