El juez que instruye el caso Asunta espera informes "cruciales" del crimen

José Antonio Vázquez Taín
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El juez José Antonio Vázquez Taín, que instruye la causa abierta por la muerte de una niña de 12 años cerca de Santiago el 22 de septiembre, espera esta semana informes clave de este crimen, los del posicionamiento de los móviles de los padres de la menor y, previsiblemente, la autopsia.
Los teléfonos, según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, no situarían a los progenitores de la pequeña cerca de la pista forestal de Teo (A Coruña) en la que dos viandantes localizaron su cuerpo sin vida, pero sospechan, como hoy publica el diario ABC, que hayan podido dejar estos dispositivos en casa deliberadamente.
La acusación que pesa sobre Rosario Porto y Alfonso Basterra, los únicos imputados, que han negado los hechos, se ha elevado de homicidio a asesinato y en el endurecimiento de la calificación han pesado las pruebas forenses -sangre, gástricas y de pelo- al revelar que Asunta era sedada con Lorazepam, un ansiolítico cuyo registro más alto corresponde al día 21, jornada en la que murió la pequeña.
En el mes de julio, también hay significativas concentraciones de este tranquilizante de la familia de las benzodiazepinas, cuya marca comercial más conocida es Orfidal, un fármaco que se utiliza para tratar estados de ansiedad y siempre bajo prescripción médica.
Ese mes, al inicio del verano, dos profesoras de música de esta menor detectaron en ella un estado de somnolencia, que su familia atribuyó a su condición de alérgica, patología por la que recibía un fuerte tratamiento. La pediatra ha negado este padecimiento en la cría.
Días antes del crimen, Asunta faltó al colegio y a sus clases de ballet, precisamente a consecuencia de las pastillas que debía tomar según argumentó, en estos casos, su propia madre. Son episodios que en su momento nadie entendió como de riesgo y que solamente ahora han cobrado relevancia.
En los respectivos autos de prisión, apelados infructuosamente, el magistrado, que alude a la "brillante" exposición del fiscal asignado al caso, Jorge Fernández de Aránguiz, ve "clara" la presunta participación de la abogada Rosario Porto en la muerte, y en el caso del periodista Alfonso Basterra introduce un matiz.
"Ha de considerarse que los indicios apuntan firmemente a que el fallecimiento de Asunta se produjo en una sucesión de actos, alguno de los cuales, indiciariamente, se pueden imputar a Alfonso", razona el juez, quien añade que Basterra estaba "con Asunta en dos incidentes anteriores en los que la menor sufrió también presuntas ingestas de fármacos".
Las providencias, entregadas en su totalidad a las partes, corresponden al día 27, cuando se ordenó el encarcelamiento de Porto y Basterra en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza, y, por ende, son anteriores a los últimos avances toxicológicos recibidos en el juzgado de instrucción número dos de Santiago.
La autopsia, todavía pendiente de redacción definitiva y firma, estimaría que la dosis de lorazepam hallada en el cuerpo de Asunta (0,68 microgramos por mililitro de sangre) es bastante como para causar la muerte a alguien de su peso (42 kilogramos), del género femenino y raza asiática.
En el informe inicial, no obstante, se barajó una multicausa, que incluiría una asfixia.
Entre Porto y Basterra no ha existido contacto en el penal coruñés de Teixeiro y a ambos se les ha aplicado el protocolo de prevención de suicidio desde su ingreso.
La casa de Teo, donde los investigadores creen que se produjo la muerte, ha sido inspeccionada tres veces, la primera de ellas en las horas posteriores al crimen y en su interior se halló una cuerda anaranjada como la que apareció junto al cuerpo sin vida de Asunta.
Los estudios sobre la composición química han permitido comprobar que las fibras de los cordeles encontrados junto al cadáver de la niña y las del rollo localizado en el primer registro practicado en este inmueble, el día 22, son coincidentes.
Sobre la causa sigue vigente el secreto de sumario. Las defensas no han logrado el alzamiento que pretendían y José Luis Gutiérrez Aranguren, el letrado que asiste a Rosario Porto, ha anunciado que recurrirá que el caso se vaya a dirimir por un jurado popular, pese a lo que dicta la ley, al cuestionar la "imparcialidad".

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