El Estado asume la propiedad de Meirás tras ochenta y dos años en manos de los Franco

El acto de entrega, al que acudieron todas las partes demandantes, se celebró en la Torre de la Quimera | EFE
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La Administración General del Estado es ya poseedora del pazo de Meirás y depositaria de los bienes tras más de ochenta años en manos de los Franco. Lo es en ambos casos de manera provisional, a la espera de una sentencia definitiva tras el dictamen del Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña que condenó a los herederos del dictador a entregar el inmueble al Estado. En el acto, en el propio pazo, intervinieron miembros de la Abogacía del Estado y letrados de las partes personadas en la causa contra los descendientes de Francisco Franco. No acudió nadie en representación de los demandados, que el miércoles depositaron las llaves en el juzgado coruñés.

La Abogacía del Estado aclaró ayer que la conocida como “Casa de las Conchas” y el hórreo anexo a esta vivienda no forman parte de los elementos reclamados por la Administración. Según explicó la abogada general del Estado, Consuelo Castro, porque no se incorporaron a la demanda contra los Franco pues esta solo hacía alusión a lo existente intramuros.

 

Plazo

También ayer se decretó abrir un plazo de veinte días hábiles para que la Administración General del Estado determine qué bienes deben ser entregados a los demandados, teniendo en cuenta que en un auto, el juzgado ya había avanzado que los Franco solo podrían retirar los estrictamente personales y los que no comprometiesen los futuros usos del BIC, que estarán vinculados, según avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, al término del encuentro con representantes de la Xunta, Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de Sada, a explicar “la verdad del paso de Franco con perspectiva democrática” y a reivindicar la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán.

“Es un día que deja una sensación de justicia histórica”, resumió la abogada general de Estado, Consuelo Castro Rey, en una comparecencia junto a la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, María del Pilar Paneque, y los abogados del Estado que asumieron la presentación de la demanda judicial contra los Franco, Javier Suárez y Adela Álvarez.

En cuanto a la situación actual del pazo, la representante estatal señaló que “es evidente la presencia de cuarenta años de régimen dictatorial de este país” y, sobre los usos que se le deberían dar al inmueble, aunque en principio, el contenido del pazo va a quedar tal y como está hasta que la sentencia firme sea y se pueda dilucidar en fase de ejecución qué bienes están afectados por el pronunciamiento judicial y cuáles no, la letrada respondió, a preguntas de si debería recordarse como residencia veraniega de Francisco Franco o la casa de la escritora Emilia Pardo Bazán –la propietaria original, la que lo ideó y construyó– que “me da pena que el paso de Franco por aquí hizo olvidar que esta fue la casa de Emilia Pardo Bazán” y que “lamentablemente esa etapa histórica a los ojos de la ciudadanía borró la huella” de la escritora coruñesa, aunque con este procedimiento judicial se haya logrado alumbrar lo que significó el pazo, que “fue centro de la vida cultural española en el siglo XIX”.

En este sentido, insistió en que, en cualquier caso, no se puede olvidar el paso de la dictadura, “porque la memoria es importante”, pero también resulta “imprescindible” rescatar la huella de una personalidad clave para Galicia y las letras españolas como Pardo Bazán..

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