Arteixo sanciona a la firma que debía renovar el césped del Ponte dos Brozos

El Gobierno de Arteixo se incautará de los 7.976,33 euros que tiene como aval la empresa Inttersa Proyectos y Ejecuciones, encargada de la obra de renovación del césped artificial en el campo Ponte dos Brozos, por no haber iniciado todavía los trabajos.
Desde el Ayuntamiento alegan que se firmó un contrato hace más de dos meses con la empresa y que las obras tendrían que haber comenzado la semana pasada con el acta de replanteo. El Ejecutivo local también multará a la firma con otras penalidades, como cobrarle la diferencia que exista entre la cifra por la que firmó el contrato –193.027 euros– y la que ofrezca la compañía que gane el nuevo concurso público.

Acorde a la legislación
Arteixo asegura que está aplicando uno de los artículos de la nueva Ley de Contratos, que permite a las administraciones imponer penalidades a aquellas empresas que no cumplan con los términos del convenio que han suscrito con el Ayuntamiento.
En concreto, dicen, en el documento Inttersa se comprometía a cambiar el césped artificial del campo de fútbol municipal Ponte dos Brozos por uno de unas características específicas que así aparecían en los pliegos que sirvieron de base para el concurso público.
Inttersa no fue la firma que presentó el precio más bajo del concurso público para cambiar el césped –hubo otras tres empresas que ofrecieron precios más bajos– pero sí la única que formalizó un contrato y el compromiso de ejecutar las obras, ya que las otras compañías renunciaron antes de la firma del contrato. El precio máximo de licitación del concurso público fue de 238.452 euros.
El plazo de ejecución de la actuación era de 25 días naturales desde la firma del contrato, que se tramitó de forma ordinaria con procedimiento abierto, al que concurrieron 17 compañías.
El proyecto se adjudicó en un primer momento a Oziona Soluciones de Entretenimiento pero esta renunció, haciendo lo mismo las dos empresas siguientes. Oziona propuso realizar la obra por un importe de 169.301 euros, pero después presentó un escrito en el que rechazó ejecutarla. En la carta exponía que “por causas ajenas” a su voluntad no podía asumir el contrato debido a que el material que tenía previsto había “sufrido un incremento” que le “imposibilitaba” la ejecución de los trabajos. l