El PP aprueba la ley de empleo público para “materializar” la recuperación de la economía

GRA311. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28/04/2015.- El nuevo diputado del grupo socialista, Emilio Vázquez Blanco (i) tras tomar posesión del cargo, esta mañana en el Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr
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El Parlamento gallego aprobó ayer el proyecto de Ley de Empleo Público de Galicia, en el transcurso de cuyo debate los grupos de la oposición expresaron sus críticas unánimes a este proyecto legislativo.
La diputada popular Paula Prado defendió el posicionamiento de su grupo parlamentario respecto a la norma aprobada y afirmó que se trata de una ley que “materializa” la recuperación económica.
Prado afirmó que la normativa busca modernizar y racionalizar la función pública, y que incorpora derechos que conllevan un incremento presupuestario.
Los grupos de la oposición, por el contrario, coincidieron en sus argumentos en que la ley viene a reforzar el poder del Ejecutivo y acota los derechos de los trabajadores de la Administración autonómica.
Ante las críticas de la oposición, Paula Prado defendió que la ley ha tenido un largo período de negociación con los sindicatos y que recoge las tres principales reivindicaciones de estas organizaciones: la supresión del plus de ex-altos cargos, un fondo para recuperar la paga extra de diciembre de 2012, y la cobertura de jefaturas de servicio por concurso específico. “Señorías, le pese a quien le pese estamos ante la ley de la recuperación económica”, afirmó Prado.
La diputada defendió que la normativa incorpora nuevos derechos para los funcionarios públicos, lo cual, sostuvo, “solo es posible en un contexto de crecimiento económico”.
Indicó Paula Prado que la Ley de Empleo Público de Galicia es una normativa “del siglo XXI” que permitirá modernizar y racionalizar la función pública en beneficio de la ciudadanía, dado que mejorará la prestación de los servicios públicos.
El diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo rebatió los argumentos de la parlamentaria popular al afirmar que se trata de “una ley del PP y para el PP; para satisfacer las demandas del partido, pero no las de la ciudadanía ni la de los funcionarios”. Bugallo censuró, entre otros aspectos, que la legislación no incluye “ni una sola línea” para defender a los funcionarios que denuncien alguna irregularidad o corruptela.
Criticó, además, que se delega en el Consello de la Xunta la regulación del régimen jurídico del personal directivo, y que se traslada a los funcionarios que si pretenden hacer carrera profesional “tiene usted que ser bueno, porque si es problemático va a tener muy difícil ascender”.
El exalcalde de Santiago subrayó que la ley refuerza las competencias y los márgenes de maniobra del Ejecutivo sin garantizar que se cumplan las finalidades de la normativa.
“Una oportunidad perdida”, concluyó el diputado del PSdeG.
Yolanda Díaz, de AGE, comenzó su intervención haciendo alusión a los empleados públicos que en ese mismo momento se manifestaban en el exterior de la Cámara “combatiendo esta norma que constituirá –garantizó– una auténtica pérdida de oportunidad para modernizar la Administración pública gallega”.
Por su parte, la diputada del BNG Tereixa Paz consideró que la ley no preserva la adecuada profesionalización de la función pública en Galicia, dado que no se define claramente la independencia que los trabajadores públicos deben de tener de las instituciones.
Por otro lado, el Parlamento gallego aprobó ayer con los votos del PP y el rechazo de la oposición la admisión a trámite de la proposición de ley del PPdeG para reformar el Consello de Contas, entre reproches de los grupos parlamentarios.
El autor de la proposición, Pedro Puy, recriminó a los grupos de la oposición que hayan optado por tomarse la prevención y la lucha contra la corrupción como un asunto “partidista”, mientras que los distintos portavoces de los grupos de la oposición tacharon la propuesta como “humo”, “propaganda”, “vacía de contenido” y “cosmética”, entre otros calificativos. Esta proposición de ley forma parte de las cinco normas comprometidas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el pasado mes de enero en el Parlamento, de las que tres las presentaría el Gobierno y otras dos el grupo que sustenta la mayoría en la Cámara.

El PP aprueba la ley de empleo público para “materializar” la recuperación de la economía