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martes | 23 abril | 2024
La Fundación Ciudadanía y Valores considera que hay una “hiperinflación legislativa autonómica” porque los diputados de las comunidades tienen que justificar su labor y propone agrupar ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes para ahorrar recursos públicos y prestar servicios de más calidad. El ahorro estimado de esta medida, 10.000 millones anuales.
El estudio propone que España tenga en 2013 un nuevo mapa municipal resultante de la agrupación de ayuntamientos para prestar servicios de más calidad a los ciudadanos y ahorrar recursos públicos. El objetivo es pasar de los más de 8.000 actuales hasta unos 2.000, cada uno de ellos con un mínimo de 10.000 habitantes.
Esta idea está recogida en un informe elaborado por la Fundación, para la racionalización del Estado autonómico. Entre las medidas también propone eliminar organismos de las comunidades, reducir el número de diputados de los parlamentos autonómicos o redefinir el papel de las diputaciones, entre otras, según recoge en su web eleconimista.es.
A su juicio, el proceso de descentralización del Estado puesto en marcha hace más de 30 años ha tenido consecuencias “positivas” pero también ha generado “graves problemas”, ante lo que consideran que la respuesta definitiva a esta “problemática” de la organización territorial pasa por la reforma de la Constitución para fijar el número de comunidades y sus competencias.
Reformas > Mientras esta reforma no sea posible, el informe propone una serie de medidas que no requieren cambios de la Carta Magna, debido a que la racionalización del Estado autonómico “es también un requisito para que España salga de la crisis”.
Una de estas propuestas consiste en agrupar municipios y recuerda que en 2010 Grecia ya pasó de 1.034 ayuntamientos a 355, lo que permitió una reducción de gasto de 1.185 millones de euros anuales. Traducido a España, calcula que permitiría ahorrar unos 10.000 millones.
El informe propone reconvertir el mapa municipal para reestructurarlo en unos 2.000 ayuntamientos que se identifiquen con comarcas geográficas y un mínimo de 10.000 habitantes, aunque con “flexibilidad” para aumentar o disminuir esta cifra en función de las especificidades de cada zona.
A su juicio, esta reordenación del territorio permitiría la aparición de estructuras municipales más eficientes, con disminución de los cargos públicos y favorecería también la fusión de empresas públicas locales, con una disminución del gasto público en general.
