De forma “unánime”, 30 de los 38 jueces en activo que componen el partido judicial, e igualmente los fiscales de A Coruña, acordaron ayer respaldar el manifiesto redactado a nivel estatal por la comisión interasociativa de jueces y fiscales en contra de los proyectos el Ministerio de Justicia para la reforma del Poder Judicial. El documento, que por primera vez suscriben de forma conjunta todas las asociaciones, se redacta a modo de protesta ante “la ausencia de voluntad política por la modernización del sistema judicial español, para impulsar una justicia ágil y eficaz”, y avanza una serie de medidas de presión, que comenzarán con el “cumplimiento estricto de las horas de audiencia” y la “autorregulación” de la carga de trabajo mediante criterios de calidad y salud laboral.
Estudian protestas más severas contra la “ausencia de inversión” en justicia
En A Coruña, y según explicaba ayer la jueza decana, María Teresa Cortizas González-Criado, esto va a significar que los magistrados restringirán el tiempo de las vistas a cuatro horas por día. Esto quiere decir que cuando un juicio tenga visos de prolongarse más allá de ese tiempo, se suspenderá al cumplirse la hora tope para retomarse en otra jornada, con las previsibles consecuencias en el resto de vistas.
"control político"
La adopción de esta medida, la primera del listado, persigue una serie de reclamaciones, la primera de las cuales es el “pleno respeto a la independencia, competencia y función del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”, en contra del “manifiesto interés por el control político” del órgano de gobierno de los jueces que, a ojos de la comisión interasociativa, supone la reforma proyectada para el CGPJ en nombre, precisamente, de su “despolitización”.
El acuerdo al que se han adherido los jueces y fiscales coruñeses –al igual que los de otras muchas ciudades españolas– hace un diagnóstico del panorama de la justicia en España, en el que se subraya la “ausencia de inversión, descoordinación en la gestión de la administración de justicia, congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones, recortes salariales y estatutarios y control político de los órganos de gobierno del Poder Judicial”.
A todo ello oponía ayer la jueza decana las demandas del colectivo al Gobierno, que pasan por lograr el “pleno respeto a la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales”, además del mantenimiento un estatuto profesional, reformas legislativas “que mitiguen el actual colapso judicial” y la convocatoria de oposiciones.
En el manifiesto, los profesionales urgen al Ministerio de Justicia la apertura de una vía de negociación. “Hasta entonces –anuncian–, jueces y fiscales, para compensar las inadmisibles carencias de nuestra administración de justicia, solo ejerceremos nuestras funciones dentro de los estrictos márgenes de la ley y, obviando criterios productivistas, atenderemos solo a la justicia de calidad que los ciudadanos merecen y reclaman”. n