La Fiscalía recurre al TS el tercer grado de los presos independentistas

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La Fiscalía ha presentado un recurso al Tribunal Supremo contra el tercer grado de los presos independentistas que están en la cárcel de Lledoners, que la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Cataluña avaló la semana pasada a la espera de lo que resuelva el Alto Tribunal.

El recurso presentado es contra el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn; el expresidente de la ANC y dirigente de JxCat, Jordi Sànchez, y contra el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

En el texto se argumenta la incompatibilidad de la progresión a tercer grado con el cumplimiento de los fines de la pena, tanto los retributivos y de prevención general y especial como los de reeducación y resocialización, y porque los internos siguen considerando que los hechos por los que han sido condenados “no son constitutivos de delito”.

Según se recoge, no se puede obviar la “extrema gravedad” del delito cometido ni el bien jurídico atacado, también en términos de repercusión social e institucional, destacando que en última instancia hubo un perjuicio sobre la estructura del Estado Social y Democrático de Derecho y sobre la Constitución, con el objetivo de vulnerar la unidad territorial.

En el recurso también se advierte de que “las prematuras clasificaciones en tercer grado producen el menoscabo de los fines esenciales de la pena”.

El fiscal también avisa de que reconocer los hechos y aceptar las consecuencias no es reconocer el delito, puesto que se puede reconocer lo que se ha hecho pero entender que es una actuación legítima y ajustada a derecho, por lo que no aprecia “la superación de los factores que influyeron en su actuar delictivo y, por tanto, la capacidad para asumir el régimen de semilibertad que implica el tercer grado”.

Además, defiende que los hechos que se declaran probados no implican la negación de la capacidad de los acusados para expresar libremente sus ideas porque, en su opinión, no se castiga por difundir opiniones o doctrinas contrarias a la Constitución, ni por propugnar una superación del marco político vigente, pero sí es objeto de reproche penal haber “pulverizado el pacto constitucional”.

“Un gobierno autonómico no puede transformar la estructura del Estado y plasmarlo en un texto legal fuera de los cauces jurídicos de reforma, no estando el interno condenado por querer transformar la estructura del Estado, fin totalmente legítimo y respetable, sino por querer hacerlo fuera de los cauces legalmente establecidos”, añade.

 

Indulto a Forcadell

Por otra parte, los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert han presentado en la delegación del Gobierno de Catalunya una petición de indulto para la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell, encarcelada por el 1-O.

Coinciden en que la mejor solución sería una ley de amnistía que devolviera al cauce del diálogo el conflicto catalán, además de dejar claro que son ellos y no Forcadell los que impulsan la petición de indulto “por un sentido institucional”. Junto a la petición, adjuntan una carta dirigida al ministro de Justicia argumentando que el espíritu de servicio de Forcadell ha sido “absolutamente ejemplar” a  lo largo de los años.

La Fiscalía recurre al TS el tercer grado de los presos independentistas