Seguridad pública

puede que de acuerdo con la legislación vigente, tanto nacional como autonómica, las competencias del Estado para enfrentarse a acciones terroristas de envergadura como las acaecidas en Barcelona sean en verdad increíblemente limitadas, y que las cosas, por tanto, hayan sucedido como legalmente debieran.
Pero el problema es precisamente ese: que el sistema institucional que nos hemos ido dando ampare tales situaciones, con unos poderes políticos y policiales centrales prácticamente desaparecidos, colocados a la sombra de una Administración regional con Policía propia, que ha sido quien en realidad ha gestionado en exclusiva las investigaciones y manejado el conflicto. Tiempo le ha faltado al nacionalismo para concluir que Cataluña ha aprobado con nota el examen de la independencia de facto.
Y si esta realidad aquí resulta difícil de entender, es fácil adivinar lo que deben de pensar Europa adelante los países de nuestro entorno. Porque, ¿hay algo más kafkiano o esperpéntico que un Gobierno que se declara hostil al Estado español tenga en sus manos la seguridad de ese Estado allí en Cataluña?
Cierto es que con apoyo directo en el artículo 149 de la Constitución la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, pero también lo es que el mantenimiento de la misma corresponde al Gobierno de la nación, comunidades autónomas y corporaciones locales según casuísticas muy variadas y con engranajes de colaboración entre las distintas Administraciones muy abiertos a la interpretación de cada coyuntura.
Son ellas unas leyes de desarrollo del precepto constitucional que vieron la luz en los años 80 y primeros 90 y de las que, a pesar de las modificaciones introducidas a lo largo del tiempo, cabe dudar que sean hoy las más adecuadas para hacer frente con garantías al fenómeno nuevo del terrorismo internacional, que por su complejidad y efectos letales exige mando único, colaboración a todos los niveles y confianza para el manejo e intercambio de información reservada. Y todo ello, ejercido por quien tiene capacidad, presencia internacional y experiencia para ello.
Visto lo visto estos días, no sé, pues, si la seguridad pública debería de ser uno de los grandes y delicados ámbitos cuyo desparrame competencial, al igual que la educación, la sanidad y la Justicia, debería repensarse y, aunque suene a políticamente incorrecto, recentralizarse. Si un Gobierno central –se dice- no tiene en sus manos la seguridad del Estado, ese Estado termina por desaparecer.
Así las cosas, no son pocos los que cuestionan que el Gobierno Rajoy haya dado estos días el visto bueno a la entrada de la Policía catalana –los llamados mossos d´esquadra– como miembro de pleno derecho del Centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado (Citco). Además, podrá acceder directamente a la información de Europol –la agencia policial de la UE– y no a través del Gobierno central como hasta ahora. Por lo que parece, hay algunos que no escarmientan.