Cáritas y Cruz Roja colaborarán con la Xunta para facilitar el acceso de los posibles beneficiarios de las ayudas estatales y autonómicas para combatir la pobreza energética a través de actividades informativas y asesoramiento a la hora de realizar las solicitudes para la concesión del bono social eléctrico.
El acuerdo fue plasmado ayer con la firma del convenio suscrito por el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; y representantes de Cruz Roja y Cáritas Diocesanas. De este modo, estas entidades sociales se comprometen a acercar la orden de ayudas a los posibles beneficiarios y a llevar a cabo tareas de apoyo para tramitar sus solicitudes.
En palabras de Francisco Conde, que ha agradecido la colaboración de Cáritas y Cruz Roja, el objetivo es “ampliar el alcance del bono social y dar la mayor información posible para que ningún hogar en Galicia que lo necesite se quede sin ayuda”. El próximo 9 de octubre el nuevo bono social eléctrico del Ministerio para la Transición Ecológica se convertirá en la única ayuda para los hogares con dificultades para hacer frente a la factura de la luz.
Estas subvenciones cubrirán entre el 25 y el 40 por ciento del total de la factura en función del nivel de renta. En el caso de Galicia, la Xunta pone a disposición de “los consumidores vulnerables severos” una ayuda complementaria del 50 por ciento del recibo. Asimismo, el coste del 10 por ciento será asumido por el propio sistema eléctrico, por lo que la totalidad de la factura de los hogares en casos extremos quedaría cubierta con, además, el compromiso de la ininterrumpibilidad del servicio.
De ello dio cuenta el conselleiro, que apuntó que las ayudas que parten de la Administración autonómica cubren “una cuantía máxima de 250 euros al año” y de “400 euros” en el caso de las familias numerosas. La Xunta estima que unas 750 personas dispondrán de las subvenciones autonómicas para la cobertura total de la factura eléctrica a finales del presente año 2018.
Así las cosas, Cáritas Diocesanas y Cruz Roja emplearán su red de contacto con las personas que atraviesan dificultades para acercarles la posibilidad de optar a estas subvenciones. De este modo, ambas destacaron la necesidad de que las administraciones y las entidades “vayan de la mano” para tratar de “mejorar la economía doméstica”.
En cuanto al Gobierno complementará el bono social eléctrico con la creación de uno nuevo para calefacción, con la finalidad de paliar los efectos de la subida de la electricidad en los consumidores. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explica que esta medida pretenden “aliviar la factura eléctrica a los consumidores en un momento excepcional”, marcado por los altos precios.
Además, para lograr “que este próximo invierno” no haya consumidores que no puedan calentar suficientemente sus hogares, como les ocurría en 2016 a 4,6 millones de personas. l