El juicio por el derribo de la Casa Carnicero quedó visto para sentencia tras dos sesiones en las que los acusados –el alcalde, Ángel García Seoane, y el arquitecto técnico de Obras Públicas de Oleiros, José Luis Jares Vázquez– defendieron su actuación en aras de la seguridad ciudadana ante el estado de ruina y la pérdida de cualquier valor arquitectónico del inmueble de A Pasaxe.

El ministerio público mantiene su solicitud de condena a 15 meses cárcel y doce años de inhabilitación para ambos, mientras que las defensas reclaman la absolución, a la que el abogado del regidor, Manuel Ferreiro, añade la petición de la eximente completa que se aplica al que obre en cumplimiento de un deber o un cargo, al considerar que actuó atendiendo a su obligación como alcalde.

En la segunda y última sesión de la vista en la Audiencia Provincial de A Coruña comparecieron una decena de testigos y peritos –independientes y de parte– y, entre otras cuestiones, se intentó aclarar si la intervención exigía autorización expresa de la Xunta o si, al tratarse de un edificio catalogado y no un BIC (Bien de Interés Cultural), una comunicación oficial a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Esta sí se envió a Santiago, a las 14.40 del jueves 30 de diciembre de 2020, informando de que en 24 horas se procedería al derribo de la vivienda ante el riesgo inminente de caída y la existencia de una alerta meteorológica por vientos que, de acuerdo con las declaraciones de los peritos, el inmueble no soportaría, toda vez que dos días antes, el 28 como confirmó otra de las testigos, se había desplomado una de las fachadas de la Casa Carnicero. 

El jefe de obra de la empresa encargada de realizar las tareas,  aparejador de formación, explicó que se les dio orden de “retirar las partes susceptibles de que pudieran desprenderse”, por lo que acudieron con una grúa con pinza pero que, una vez que empezaron a retirar elementos, “aquello se caía como un castillo de naipes”, que “aquello no era recuperable de ninguna de las maneras” y colocar un andamio, como se sugirió, “ponía en riesgo la seguridad de los operarios” desplazados hasta Perillo y que no era técnicamente posible. Asimismo, el perito arquitecto designado por el Tribunal, afirmó que el edificio carecía de cualquier valor tras el incendio y que la ruina se degradaba rápidamente, era irrecuperable y que la única alternativa era la demolición.

Interpretaciones

También declaró la entonces secretaria accidental del Ayuntamiento de Oleiros.  En su caso, señaló que ella misma comprobó la legislación autonómica y que no vio que “en una ruina” de un inmueble que no era un BIC se exigiera autorización y que así lo trasladó a Seoane, que actuó de conformidad con lo indicado por la secretaria municipal. Tanto esta funcionaria como los anteriores dueños de la vivienda sostuvieron que la idea del mandatario era recuperar la Casa Carnicero. Con esta intención, en 2019 se iniciaron los contactos para la cesión del edificio a la institución municipal, que lo destinaría a servicios para la ciudadanía de Oleiros. Además, reconocieron que tras el incendio se les requirió la adopción de medidas en materia de seguridad, pero que no lo hicieron porque no lo podían afrontar económicamente y porque “ya estábamos en negociaciones” con Seoane.

Carlos Barbeito, otro de los peritos, aportado por la defensa del aparejador, coincidió en que el edificio había perdido todos los elementos que motivaron su catalogación, no era recuperable, que “una vez que desaparece la cubierta y empieza a entrar agua en los muros, el deterioro es muy rápido” y “ni  apuntalar ni colocar andamios era viable” porque “meter alguien allí sería una temeridad” pues "el riesgo de colapso era cada vez mayor”, detalló. 

La arquitecta de la Xunta declaró que el inmueble tenía una “protección no integral” y, ante las preguntas de los letrados, que no le constaba que en el Servicio de Patrimonio Cultural existiese un retén para atender situaciones de emergencia relacionados con los bienes catalogados. 

En sus conclusiones, la fiscal consideró que el alcalde “omitió trámites esenciales en un procedimiento” y “obró de forma injusta derribando un bien protegido” como la Casa Carnicero.
 

Sin embargo, para defensa de Seoane, en el juicio se expusieron distintas interpretaciones de la ley, pero nunca el incumplimiento de ley, y se demostró que la casa “se había perdido artística y estructuralmente”, con lo que su defendido “hizo lo único que se podía hacer, que era eliminar el riesgo para la ciudadanía”, expuso el abogado, que también hizo hincapié en “el valor de las periciales” insistiendo en que todos los peritos, independientes o de parte, coincidieron en que “los elementos protegidos ya habían desaparecido”, dijo Ferreiro.
 

Nieves Lado, la letrada de Jares, suscribió los argumentos de su compañero, y añadió que su defendido cumplió con lo que se le encomendó “dada la emergencia de la situación”, expuso.