La Xunta de Galicia aseguró este jueves en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego del Parlamento Gallego que está “casi perfilado” el borrador interno para la nueva ley de inclusión social, anunciada tras las elecciones autonómicas del año 2020.

El director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, respondió así a la pregunta de la diputada del BNG Olalla Rodil, que denunció el “retraso” de tres años de esta ley, lo que “provocó que un gran número de personas perceptoras de la Risga y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), fueran tratadas por la administración como defraudadoras”.

Rodil pidió “celeridad” la Xunta ante la situación de riesgo de pobreza y exclusión social en la que se encuentran “el 18% de los gallegos”. Así, puso en duda el anuncio hecho por Parrado, ya que “en sesión plenaria del año 2022 el PP hizo uno idéntico”.

En su réplica a la diputada del BNG, Parrado afirmó que ese borrador, que está “casi terminado”, “incluye sugerencias de personas particulares y organismos” y permite “tener un primer documento de trabajo”. 

De esta manera, indicó que entre los objetivos del Gobierno gallego con esta ley está la reducción drástica de la burocracia, “de hasta el 50% del proceso de tramitación”, así como “favorecer la inclusión social de las personas beneficiarias de las rentas mínimas para que no se cronifiquen”.

Oncología 

En otro orden de asuntos, la diputada del BNG Iria Carreira pidió explicaciones al Gobierno gallego sobre el cuadro de personal y la planificación de la actividad asistencial del Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Así, insistió en que se quejan “de las condiciones, pero no del trabajo de los profesionales sanitarios”.

El director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, insistió en que los pacientes oncológicos son “prioridad del Sergas” y que los cuadros de personas “están dimensionados teniendo en cuanta la demanda”, aunque “pude haber picos”.

De este modo, Aboal indicó que Santiago consta en este trimestre de un facultativo por algo más de cada 23.000 habitantes. También señaló que “se está incrementando el número de pruebas, equipos al 100% en horario ordinario y extraordinario”.

Por otro lado, la diputada del PSdeG, Marina Ortega, preguntó a la Xunta acerca de la situación de las gestoras de las casas do maior, un recurso habilitado para personas sin dependencia, sobre el que en los últimos dos años, la Xunta “ha hecho alarde sin explicitar en ningún caso ningún problema”, a pesar de que “existen quejas por parte de las personas gestoras de los servicios. 

Ortega explicó que las gestoras “reciben los recursos de la Xunta tarde y no compensan los gastos que conlleva el servicio”, de manera que “se formulan en muchos casos cerrar sus proyectos”. Así, puntualizó que “aún no recibieron por parte de la Xunta la cuantía correspondiente a 2023”.

En su réplica, el director xeral de Atención Integral Sociosanitaria, Antonio Acevedo, señaló que se trabaja “mejorando los servicios para que respondan a las necesidades específicas de Galicia” y que “ya están abonados todos los pagos de los adelantos de todas las primas del desarrollo”.

En respuesta a una pregunta del PP, la Xunta también hizo balance del programa ‘Coidados porta a porta’, que califican de “excelente” y en el que “se han atendido unos 40.000 gallegos”. 

Xide

Por otro lado, la Xunta señaló que el sistema de citación en Atención Primaria de Xestión Integral da Demanda en Equipo (XIDE) “está suponiendo una reducción de cerca del 60% de la tasa de consultas médicas forzadas por cada 1.000 habitantes”. 

Las consultas forzadas son aquellas que, por su urgencia, deben añadirse de manera obligatoria a la agenda de ese mismo día del facultativo do primer nivel asistencial. 

La directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López Linares, puntualizó que el XIDE “ya funciona en el 93% de los centros de salud” y “beneficia ya al 96% de toda la población”.