El Servicio Gallego de Salud sostiene que garantiza el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo "en los centros públicos de las siete áreas sanitarias de Galicia en todos los períodos de gestación y modalidades autorizadas" por la ley de 2023, que modifica la normativa de 2010.
El Sergas responde de este modo tras la denuncia hecha este domingo por la diputada del PSdeG Paloma Castro, que ha asegurado que la Xunta "menoscaba" los derechos de las mujeres e "incumple" la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Castro indica en un comunicado que la Xunta incumple en algunas áreas sanitarias dar información suficiente y sostiene, además, que "existen más derivaciones de las deseables a centros privados de carácter extrahospitalario".
Y también incumple la Xunta, abunda Castro, la creación "de obligado cumplimiento" de un registro de objetores de conciencia.
El Sergas asegura que garantiza el derecho de las mulleres a escoger un centro concertado, "sea por privacidad o para evitar demoras al ser un procedimiento sanitario urgente".
De este modo explica que los casos de más de 22 semanas de gestación, "de mayor complejidad", son asumidos por los "tres hospitales públicos de referencia" en Vigo, Ourense y A Coruña.
"Entre las semanas 14 y 22 las interrupciones de embarazo se pueden realizar en los hospitales públicos de las siete áreas sanitarias", continúa el escrito del Sergas.
Y antes de las 14 semanas de gestación la interrupción voluntaria del embarazo se presta en un centro de la red pública gallega "o en una de las clínicas autorizadas" por el Sergas, dado que la ley establece esta posibilidad.
Según el Sergas, la ley incluso prevé que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar "fuera del ámbito geográfico", si bien esa es una opción que Galicia "no precisa", indica el escrito.
El año 2022, último año antes de la modificación legislativa de 2023, las interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos del Sergas llegaron al 68 %.
Al año siguiente, ya con la ley en vigor, el porcentaje alcanzó el 76 %, según los datos facilitados.
